El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso abrió una discusión sobre el sistema de discapacidad y la oposición cuestionó distintos cambios incluidos en el texto y advirtió que, de aprobarse, se modificarían algunas de las garantías establecidas por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en 2025. Al analizar la letra chica, aparecen cambios que alcanzan las prestaciones básicas, los aranceles que reciben los prestadores, la cobertura de salud y algunas reglas sobre las pensiones por discapacidad.
Sin embargo, uno de los principales puntos es el artículo 39 del proyecto, que modifica el artículo 7° bis de la Ley 24.901, la norma que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
La ley actual establece que los aranceles de las prestaciones sean iguales para todas las personas jurídicas obligadas a brindar cobertura. Es decir, existe un valor común para una determinada prestación, que es definido por el Directorio del Sistema y actualizado de acuerdo con el mecanismo previsto por la legislación. Además, la norma contempla un estudio anual de costos para tener en cuenta aumentos que no necesariamente quedan reflejados en el IPC.
El proyecto de Presupuesto 2027 cambia esa lógica. Mantiene el objetivo de garantizar la universalidad de la atención, pero aclara que eso no significa que los aranceles tengan que ser iguales en todo el país.
En concreto, el texto establece que el Nomenclador de Prestaciones Básicas no tendrá valores universales. Los montos deberán ser determinados por cada ente obligado en su relación con los prestadores. Para el caso del Estado nacional, los valores serían fijados de manera trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, a propuesta del Directorio del sistema.
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Si esa actualización no se realiza dentro del período previsto, el proyecto establece que los valores serán determinados por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Así, el texto sostiene que esto busca contemplar las diferencias de costos, estructuras y capacidades financieras entre las distintas jurisdicciones. A la vez, garantiza un “piso mínimo prestacional común” en términos de calidad, oportunidad y adecuación de las prestaciones.
Esta discusión se da, además, mientras Diputados comenzó este miércoles 16 de septiembre el tratamiento de la Emergencia Nacional en Discapacidad, luego del emplazamiento votado en el recinto una semana antes. La Comisión de Discapacidad fue convocada junto con Presupuesto y Hacienda para avanzar con el proyecto que busca extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Qué pasa con las pensiones por discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025, establece actualmente que para acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social se debe acreditar, entre otros requisitos, el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La norma también define a las personas con discapacidad de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, esa ley establece que quienes reciben la pensión tienen derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901. También dispone la conversión de oficio de determinadas pensiones no contributivas ya existentes al nuevo esquema de protección.
De acuerdo con el análisis del proyecto publicado este miércoles, el Presupuesto 2027 modifica ese esquema y también avanza sobre distintos artículos de la Ley 27.793. Entre ellos aparecen los artículos 8°, 9° y 14, vinculados con cobertura de salud, conversión de pensiones y aranceles del sistema.
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Esto significa que, de aprobarse la iniciativa tal como fue enviada, no se trataría solamente de una discusión sobre cuánto se paga por una terapia o prestación, sino también sobre qué reglas quedan vigentes para acceder y mantener determinados beneficios.
Qué reclama la oposición
El diputado socialista Esteban Paulón cuestionó el cambio y sostuvo que el proyecto que el oficialismo había presentado como una alternativa “superadora” para el sector terminó incorporado al Presupuesto 2027.
Según planteó, la iniciativa es “regresiva” porque deja a las personas con discapacidad y a los prestadores con menor previsibilidad respecto de las prestaciones y los valores que las financian. También advirtió por la eliminación de lo que considera un piso común para el acceso a la atención.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro apuntó contra la inclusión de estos cambios en el proyecto de Presupuesto. Entre los artículos cuestionados mencionó el artículo 8°, que garantiza la cobertura de salud y las prestaciones básicas para quienes cobran la pensión, el artículo 9°, que establece la conversión de oficio de pensiones no contributivas preexistentes, y el artículo 14°, que fija el criterio de igualdad de los aranceles del sistema.
“En pleno debate del plenario de comisiones emplazadas, y con fecha de dictamen ya fijada para tratar la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno intenta colar en el Presupuesto 2027 la derogación de artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad”, afirmó Ferraro.
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