Pese a que el tema salió de agenda, el Gobierno salió al cruce de críticas por parte de la oposición sobre los cambios que instrumentó vía decreto en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con los gastos del organismo objetados y con el PRO planteando reparos, el oficialismo decidió no pasar la oportunidad y responder cuestionamientos.
Acerca de los gastos que conlleva la nuestra estructura, determinada por el Decreto 941/2025 del 31 de diciembre, fuentes libertarias en contacto con PERFIL aseguran que no habrá mayor erogación en las áreas. Porque, plantean, se achicó la configuración del sector. Por lo cual, “no se requiere más presupuesto para este cambio”, explicaron.
Los fondos del sector dedicado a inteligencia siempre estuvieron en la mira opositora. Agustín Rossi, ex ministro de defensa y ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aseguró que representan el 20% del total del Presupuesto Nacional cuando bajo la gestión del Frente de Todos eran solamente del 4%.
Otro dato no menor y que explica las facilidades presupuestarias que tiene la SIDE: según pudo relevar este medio, el presupuesto del organismo al 1 de diciembre, antes de la designación de Cristian Augadra como su titular, el oficialismo amplió el presupuesto en $ 26 mil millones. Con una ejecución importante ya que los recursos se devengaron en solo 16 días. Y contó con un total para este año de $106.990,46 millones.
Existe otro eje que la gestión libertaria no quiere soslayar. Se trata de la posición de su aliado político y electoral, el PRO, que no avaló las modificaciones implementadas y que se dieron a conocer en la primera edición del Boletín Oficial de este año. El espacio amarillo anunció la conformación de una comisión para analizar en profundidad las transformaciones en el área y pidió mayores detalles sobre los protocolos.
Lejos de la confrontación, en medio de un clima marcado por el conflicto en la Auditoría General de la Nación (AGN), en Balcarce 50 interpretan la posición como razonable. Y que el PRO pretende mostrar prudencia “ante un tema sensible”.
No obstante, en el oficialismo aseguran que “los protocolos como todo serán revisados por la Bicameral de Inteligencia como corresponde”. En este plano, legisladores de distintos bloques evalúan activar la Comisión Bicameral para analizar el alcance de los cambios y, además, reclamar que el tema tenga debate en el Parlamento.
En el espacio cuyo jefe es Mauricio Macri, en la jornada en la que se dio a conocer el decreto, expuso en un comunicado que va a aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y de la normativa complementaria antes de fijar una posición definitiva.
En el PRO decidieron no criticar la herramienta utilizada - el DNU - para llevar a cabo los cambios. Por el contrario, afirmaron que “fue utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos”, por lo cual “no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino”. Pero no terminaron de darle el visto bueno a las modificaciones que tanto revuelo generaron en todo el arco político.
Para reforzar argumentos, más allá de los que están plasmados en el decreto, la SIDE expuso a través de su cuenta de X que significan las transformaciones. “En ese sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, indicó.
También hay una referencia a la contrainteligencia, uno de los puntos más polémicos de los cambios junto a la chance de aprehensión de personas. Para el área, “es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”.
