El Gobierno no tiene aún un plan de contigencia concreto para mitigar los daños colaterales de declarar la desaparición de la empresa que concentra el 25% de los abonados de Internet de la Argentina.
Descubrió que la migración es más compleja de lo previsto y es por ello que relajó sus pretenciones de “apagar” Fibertel en noventa días, como insitía hasta el viernes, cuando ofreció créditos blandos y se comprometió a estudiar poner límites a los precios que las telefónicas les cobran a los pequeños proveedores de acceso (ISPs), para que desarrollen redes propias que permitan absorber parte del millón de clientes del proveedor de banda ancha del Grupo Clarín, cuya licencia fue revocada.
En el sector, además, se especula que esta semana, o a más tardar la siguiente, el secretario de Comunicaiones, Lisandro Salas, reglamente el fondo para el Servicio Universal, que se nutre con el 1% de lo facturado por las empresas de telecomunicaciones (unos $ 240 millones por año), parte de los cuales se utilizarían para hacer crecer las redes de las empresas celulares (Movistar, de Telefónica; Personal, de Telecom, y Claro, de Telmex) y ofrecer servicios de voz e Internet hasta en las áreas que no les son rentables. Así el Gobierno mataría dos pájaros de un tiro: se libraría del cuello de botella que creó con Fibertel y presentaría un logro de política social tecnológica.
El día después de anunciar que “Fibertel no existe más” , el Gobierno se enteró de que la mano invisible del mercado no le alcanzaría para trasladar sin problemas el tráfico de Internet de la segunda red del país a la primera, que es de las telefónicas. Es por ello que, coordinados por el ministro de Planificación, Julio De Vido, Salas y el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, comenzaron a tratar de tapar los baches.
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