Una simple firma fue suficiente para que el Gobierno de Cristina Fernández pierda a dos aliados claves en la agroindustria, sector donde el kirchnerismo tiene muy pocos amigos, y parece perderlos a medida que ratifica su cuestionado rumbo económico.
Sancor y La Serenísima, los dos gigantes de la industria lechera, suscribieron a un documento redactado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -entidad que reúne a grandes nombres de la producción nacional como Arcor, Fiat Argentina, Techint, Roggio y Aceitera Deheza, entre otros- donde exigieron al Gobierno el fin de los controles de precios y la normalización del Indec, dos temas que vinculan directamente al devaluado secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
En el documento de la AEA se hace incapié en propuestas que se encuentran en las antípodas del “método Moreno”. Así, los empresarios reclaman disminuir la intervención del Estado para “movilizar las energías del sector privado” porque “es lo que hace falta para que crezcan las compañías, el empleo, el país”.
El documento también argumenta que resulta “fundamental preservar el sistema de libertad de precios, en un marco competitivo”, considerando que “la extensa experiencia histórica en el empleo de controles de precios indica que, en la medida en que persistan desequilibrios macroeconómicos básicos, éstos no son eficaces para eliminar la inflación” y que “por el contrario, la manipulación discrecional de los precios agudiza las distorsiones de precios relativos en un contexto inflacionario, y genera fuertes desincentivos a la producción y a la inversión en los sectores perjudicados”.
Este petitorio sale a la luz precisamente cuando Moreno se calza el traje de “gerente” y desde su cargo de secretario de Comercio se dispone a controlar los destinos de una empresa privada, llevando el intervencionismo a un nivel prácticamente absurdo, contraste que hace más evidente la posición liberal de empresas que hasta ahora mantenían una gran cautela ante las medidas oficiales.
Desde el silencio del Gobierno argentino ante la expropiación de Technit en Venezuela, la UIA y las principales entidades empresarias comenzaron a hacer oír sus reclamos, y el documento de la AEA es el corolario de este proceso, donde los señalamientos no vienen ya de sectores opositores sino de empresas que mantienen profundas relaciones con el Gobierno y cuyo interlocutor era nada menos que el propio Guillermo Moreno.
El kirchnerismo, un mal negocio
Sancor Cooperativas Unidas Limitada y Mastellone Hnos fueron dos poderosos alfiles en un el violento juego de ajedrez del intervencionismo kirchnerista. Ambas empresas controlan el mercado interno de la leche ya que acaparan el 40 por ciento de lo que se produce en el país, y fueron las primeras en suscribir a los acuerdos de precios que se pergeñaban en la Secretaría de Comercio Interior.
Aunque estos pactos poco incidían en el precio real, lo cierto es que Sancor y La Serenísima hicieron lo imposible para mantener a raya los precios de góndola de la leche y los quesos más populares, alimentos que están en la mesa de todos los argentinos.
Así, el Gobierno lograba obediencia de las empresas presionando por un lado a Sancor con los pagos que Venezuela realiza por la compra anticipada de leche en polvo, que fue el “salvataje” que consiguió para esta cooperativa del interior del país luego de que sus cuentas cayeran estrepitosamente en 2006. Los pagos del gobierno de Hugo Chávez se realizan a través del Banco del Sur, la banca creada por ambos países y que el Gobierno controla de similar forma que el Banco Nación.
Fue por eso que la empresa sunchalense recibió a Moreno en sus sopresivas visitas a la región para presionar a tamberos de la cuenca láctea santafesina con los planes para intervenir en el sector, y realizó otros gestos clave, como una foto del presidente de la cooperativa junto a la Presidenta Cristina Fernández en pleno conflicto entre campo y Gobierno. Estos avatares mantuvieron sus cuentas fuera de peligro al cierre del año, pero en el primer trimestre de este período su rojo llega a 58,8 millones de pesos, y vuelve a hacer sonar las alarmas en esta láctea de la provincia de Santa Fe.
A la vez, La Serenísima fue tentado por el sistema de retenciones y compensaciones, principal herramienta del intervencionismo de Moreno, ya que las retenciones a la exportación de leche en polvo generaron un millonario fondo que compuso el capital necesario para un reparto discrecional de subisidios, donde Mastellones Hnos fue la principal favorecida.
Gracias a estas compensaciones, el Estado financió hasta un 20 por ciento de la compra de materia prima, la más voluminosa en el mercado. Sin embargo, este sistema estuvo lejos de favorecer a la empresa de Pascual Mastellone, ya que mientras en 2007 la compañía recibió 200 millones de pesos en compensaciones, en 2008 esta cifra no superó los 50 millones, por lo que el propio kirchnerismo fue el primero en romper el pacto, llevando a la usina láctea más importante del país a un rojo de 250 millones de pesos al finalizar su último año fiscal.
Con sus cuentas dañadas, el fantasma de la venta asoló a La Serenísima, y fue el propio Néstor Kirchner quien prometió “ayudar” durante su campaña proselitista para diputado de Buenos Aires, pero esa ayuda no fue más que la oferta para que los tradicionales amigos del Gobierno se postulen para adquirir la empresa que desde 1929 pertence a la familia Mastellone, y que el kirchnerismo pretendía entregar a Eskenazi o al Grupo Danone. “Mientras yo viva, no voy a vender”, dicen que dijo “Don Pascual”, como lo llaman sus tamberos, haciendo frente en solitario a la situación crítica de su empresa y negando los rumores de venta.
Las empresas lácteas medianas y pequeñas que se encuentran en las tres provincias lecheras -Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos- tampoco se beneficiaron con la constantes intervenciones del Gobierno, y la principal causa de su disgusto es, precisamente, las amenazas de Moreno.
Los empresarios del sector relataron a Perfil.com que verían con “gran alivio” la partida del secretario de Comercio, que ante la más pequeña voz crítica con las medidas intervencionistas o las informaciones erróneas del Indec, Moreno en persona les avisaba telefónicamente que recibirían inspecciones de la AFIP, como le sucedió tiempo atrás a una usina láctea de Rafaela, ciudad enclavada en el corazón de la cuenca lechera santafesina.
Es por esto que las empresas que otrora fueron las primeras en acudir al llamado del Gobierno en tiempos difíciles, y que colaboraron con el kirchnerismo para detener las encendidas protestas de los productores lecheros desde mucho antes del conflicto del campo y el Gobierno de 2008, hoy se alejan del kirchnerismo, relcamando a viva voz la normalización de la economía, la transparecnia del Indec, y poner en marcha la “energías del sector privado” para reconstruir el dañado tejido productivo. La pregunta que ronda a los empresarios es si el Gobierno continuará haciendo oídos sordos a los pedidos de la producción o decidirá, de una vez por todas, ponerle fin a la ineficiencia en aras de una mayor y mejor producción nacional.
(*) especial para Perfil.com
