Luego de publicar la Ley de Medios en tiempo récord en el Boletín Oficial, ahora el Gobierno busca apurar los tiempos para que se ponga en funcionamiento cuanto antes. La intención desde la casa Rosada es lograr ultimar detalles antes de que la oposición intente cambios o incluso derogarla cuando haya un recambio tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores el próximo 10 de diciembre.
Agustín Rossi, jefe de la bancada K en Diputados, adelantó ayer en Radio La Red que "la reglamentación y los organismos que prevé [la ley] estarán funcionando cuanto antes".
El apuro de Rossi se debe a que la nueva autoridad que reemplazará al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) fijará la fecha a partir de la cual comenzará a regir el plazo de un año que establece la ley para que las empresas se ajusten al nuevo marco legal. Ese es el principal artículo para desarmar la estructura de medios actual.
Límites. El contrapunto entre oficialismo y oposición preanuncia el tironeo que se avecinas en la conformación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin la cual no podrán ponerse en marcha los plazos para hacer operativa la ley.
Del resultado de esa puja dependerá que se estiren hasta el límite o se acorten los tiempos establecidos en el texto y que prevé un máximo de 270 días hábiles (unos 13 meses corridos) para la vigencia de "las normas técnicas para la instalación de servicios de radiodifusión y la Norma Nacional de Servicio" mencionadas en el artículo 156.
En contra. Ayer, la oposición volvió a insistir en propiciar cambios a la ley. El jefe del bloque del radicalismo en la Cámara de Senadores, Oscar Aguad, ratificó que las fuerzas políticas avanzarán con "urgencia" para derogar la nueva ley de medios.
"Menoscaba la institucionalidad del país", se quejó el legislador, quien luego agregó que "habría que derogar rápidamente el artículo 161, que es el que impulsa el desguace de los medios de comunicación". Sobre el apuro oficial, sostuvo que "no hay forma de hacerlo antes del 10 de diciembre".
A esa estrategia se sumará gran parte del arco opositor. El diputado por Unión Pro Francisco de Narváez sostuvo: "Sin duda se trata de una ley hecha a los apurones que terminará judicializándose, ya que varios artículos son abiertamente inconstitucionales".
