El Gobierno nacional ratificó que mantiene la decisión de enviar veedores para auditar los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida será evaluada en los próximos días por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien primero revisará el proceso iniciado por la Inspección General de Justicia (IGJ) para asegurarse de que no existan irregularidades.
Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, la intención es avanzar con la designación de inspectores que revisen la información contable de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. De acuerdo con el Gobierno, la decisión política de enviar veedores sigue vigente, aunque el ministro quiere analizar los pasos previos antes de firmar la medida.
La solicitud original había sido presentada por el ex titular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien renunció recientemente al cargo. En su carta de salida, el funcionario expresó que no pudo completar el proceso de control que había iniciado para “ordenar y transparentar” ámbitos que consideró históricamente poco revisados dentro de la institución.
El pedido de veeduría busca que inspectores del organismo accedan a información contable que, según la IGJ, no habría sido presentada en tiempo y forma. En particular, se pretende revisar los estados financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025.
Además, la solicitud incluye la revisión de documentos vinculados con la creación y funcionamiento de la Universidad de la AFA (Unafa). El objetivo es analizar los contratos y operaciones que la institución educativa haya realizado con otras universidades u organizaciones.
La decisión de enviar veedores generó tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA. Cuando la medida se hizo pública, la entidad difundió un comunicado firmado por Tapia en el que calificó la iniciativa como una acción con motivaciones políticas.
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En ese mensaje, la conducción del fútbol argentino sostuvo que el control impulsado por la IGJ se basa en “hechos falsos” y advirtió que la institución defenderá su autonomía ante cualquier intervención que considere injustificada.
Por su parte, Mahiques buscó despejar las críticas y aseguró que su gestión no pretende frenar ninguna investigación. El ministro reconoció que conoce a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, pero aclaró que no tiene relación personal con ellos ni intención de interferir en los procesos judiciales.
“No vengo a tapar ninguna investigación”, afirmó el funcionario en declaraciones televisivas recientes. También señaló que los dirigentes del fútbol están siendo investigados en distintas causas judiciales y que esas instancias deben avanzar de manera independiente.
El conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA se desarrolla en paralelo a otras investigaciones. A fines del año pasado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la entidad por una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por unos 7500 millones de pesos.
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Mientras tanto, la designación del nuevo titular de la IGJ también forma parte de los cambios en el Ministerio de Justicia. Mahiques confirmó que el abogado Alejandro Ramírez será el encargado de conducir el organismo que controla la actividad de asociaciones civiles y sociedades en el país.
En este contexto, el Gobierno insiste en que la política de control sobre la AFA continuará más allá de los cambios de funcionarios. Según fuentes oficiales, el envío de veedores sigue siendo el escenario más probable una vez que el ministro termine de revisar el procedimiento administrativo iniciado por la gestión anterior.
LB
