Buscando el apoyo de los aliados, pero no dando el brazo a torcer ante los bloques más opositores dentro de Diputados, el Frente para la Victoria propuso cambios en la Autoridad de Aplicación de la nueva Ley de Medios, que sería votada en el Congreso entre mañana y el jueves.
"Estamos trabajando ese tema y hoy terminamos de incorporar todas las modificaciones sobre la autoridad de aplicación, que se va a sacar de la Secretaría de Medios, como estaba planteada,y va a estar seguramente como entidad autónoma y autárquica, dependiendo de la jefatura de Gabinete", explicó a radio Del Plata la diputada Patricia Vaca Narvaja, futura embajadora en México, a partir del 10 de diciembre.
Asimismo, el oficialismo propuso en el plenario de comisiones que se amplíe el número de integrantes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de acuerdo al nuevo texto de ley estará integrado por siete miembros y no cinco como decía la versión original.
A propuesta de los bloques Encuentro Social y Popular, Solidaridad e Igualdad y otros minoritarios, el oficialismo aceptó, en el artículo 14 del proyecto, que la autoridad de aplicación sea ejercida por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo; tres directores propuestos por la Comisión de Promoción y Seguimiento que crea la ley (seleccionados a propuesta de los bloques parlamentarios para representar a la primera, segunda y tercera minoría); y dos directores a propuesta del Consejo Federal, de los cuales uno deberá ser un académico de una carrera de una universidad nacional.
De esta manera, el oficialismo busca cosechar el dictamen de comisión que le permita tratar la Ley mañana en el recinto. No obstante, existe la posibilidad de que si la discusión de hoy se alarga demasiado, continúe mañana y la Ley, definida por el Gobierno como la madre de todas las batallas, sea votada el jueves.
Ayer, la Presidenta había anunciado la prohibición para que las compañías telefónicas puedan acceder a licencias audiovisuales; otro de los cuestionamientos de la oposición que consideraba que la Ley apuntaba a cambiar un monopolio (el de Clarín) por otro (de Telecom), con capitales de empresarios amigos del kirchnerismo.
