El 30 de septiembre de 2009 Perfil.com envió un pedido de acceso a la información pública (basado en el decreto 1172/03) a la Secretaria General de la Presidencia para conocer en detalle los alquileres de aviones privados contratados "para uso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente Néstor Kirchner desde diciembre de 2007 hasta el presente" y los motivos de cada acuerdo que justifican la no utilización de la flota oficial.
A casi 7 meses del pedido inicial, todo sigue igual: no hay respuestas a pesar de intimación de la Oficina Anticorrupción, el asesoramiento de Fortalecimiento de la Democracia y una denuncia presentada contra el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Emelina Alonso es abogada y co-directora del área de acceso a información pública de ADC (Asociación por los Derechos Civiles). En diálogo con Perfil.com admitió que “en los últimos meses ha habido retrocesos en la política pública en materia de acceso a la información". En ese sentido, consideró "importante la sanción de una ley nacional que regule este tema no sólo para el Poder Ejecutivo sino también para el Legislativo y el Judicial”.
Alonso consideró que “la posibilidad de acceder a los datos y documentos en manos del Estado es un derecho humano fundamental". "Salvo que el caso encuadre en alguno de estos supuestos, la información debe ser otorgada. La sensibilidad o valor político que dichos datos tengan no los excluye del principio de libre acceso a la información”, finalizó.
Por una ley. Actualmente la información pública cuenta con el poder de un decreto. Por esa razón el diputado Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) anunció que en las próximas sesiones presentará un proyecto de ley de libre acceso a la información pública. Por su parte, el senador por Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik, presentó el 25 de marzo su proyecto para reemplazar el decreto por una ley. El objetivo, lo explicó el legislador, "es que el ámbito de aplicación sea más abarcativo. Todo aquel que maneja recursos, información, decisiones institucionales, dentro o asociado con el Estado nacional, estaría dentro del alcance".
Uno de los puntos más sobresalientes es que propone habilitar una comisión que dependa del Congreso Nacional para "garantizar el flujo de pedidos de información pública e informes". Sobre el caso particular de los aviones que pidió este portal, Cabanchik entendió que el problema "es la instancia de aplicación. Uno le pide al Poder Ejecutivo información del Poder Ejecutivo, entonces no es tan universalmente abarcativo".
Por esa razón el legislador consideró que en caso de obtener una ley "habría mayor autonomía", ya que "hoy Fortalecimiento de la Democracia depende de Jefatura de Gabinete en última instancia".
Carlos Gamond es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Su postura fue similar a la de Cabanchik:"Nos debemos una ley. Creo que lo que padece Perfil.com es una decisión tomada por el Gobierno". En ese sentido consideró que lo más importante es "hacer una norma que sancione, ya que hay una obligación del Estado a brindar información pública".
Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Director Ejecutivo Andrés D'Alessandro consideró que el país necesita de manera urgente una ley para regular el Acceso a Información Pública por dos motivos: "Por el peso específico que tiene una ley" porque "quedaría mucho más claro cuáles son las sanciones al no cumplir con las pautas". En segundo lugar, porque los decretos "pueden llegar a tener una fecha de caducidad". "Un gobierno puede reemplazar a otro decreto y eso si sería grave", advirtió.
Polémicos bloqueos a la información pública. Los organismos encargados de brindar información pública no viven un presente positivo. En 2009 se bloqueó el sitio Mejor Democraciala web de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
A esta situación se le sumó la designación de Andrés Cuervo Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, en el cargo de Director de Fortalecimiento de la Democracia en octubre pasado, y en diciembre, la renuncia de Marta Oyhanarte al frente de la subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Una vez fuera del organismo estatal, la ex funcionaria dijo que "trabajábamos en clandestinidad".
(*) de la redacción de Perfil.com.
