Estamos en un punto sin retorno, ya estamos evaluando cómo va a crecer el conflicto”. Uno de los hombres de consulta del presidente Mauricio Macri no tiene ninguna duda: la marcha del 21F convocada por Hugo Moyano será una suerte de “declaración de guerra” contra el Gobierno, que trabaja contrarreloj para “vaciar” la movilización de sindicalistas de peso.
Todo bajo un condimento extra: como telón de fondo aparece una causa que complica a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y mascarón de proa del clan familiar en su ofensiva contra el oficialismo. La madeja judicial que más preocupa a Hugo es, justamente, la que afecta a su combativo hijo. El Gobierno, a sabiendas, espera que entre marzo y abril haya novedades e, incluso, hay quienes deslizan que podría terminar preso.
Fuentes judiciales adelantaron a PERFIL que el Juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora, a cargo de Gabriel Vitale, avanza en las irregularidades detectadas en Independiente por desvío –y presunto lavado– de dinero en distintos negociados de la barra brava. El fiscal adjunto de Lomas, Sebastián Scalera (el mismo que llevó la causa por La Salada), no se quiere apurar a llamarlo a indagatoria. “Estamos trabajando, no está madura la fruta aún y no podemos fallar”, le cuenta una fuente cercana a la causa a este diario. Dos datos claves: la investigación cuenta con el apoyo de la Gobernación bonaerense y de la Procuración General, cuyo titular y jefe de los fiscales de la Provincia, el abogado Julio Conte Grand, fue, hasta noviembre de 2016, secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal.
En el oficialismo no dudan acerca de la causa sobre Pablo. “Está muy complicado y eso va a terminar con un efecto de espiralización del gremio, y ahí se abre otro juego”, comenta una fuente oficial. Y agrega que ya hay funcionarios y analistas mirando muy de cerca al sindicato de Camioneros si la situación del clan Moyano se complica y deciden bloquear el país. En otras palabras: por primera vez, el Gobierno analiza intervenir el gremio si se desmadra el conflicto. Es una hipótesis de trabajo a la que el ministro del área, Jorge Triaca, no quiere llegar. Pero, por las dudas, ya mandó a auditar el sindicato con la Dirección de Asociaciones Sindicales para que presenten balances adeudados.
De todas formas, en el oficialismo admiten que un Moyano debilitado igual es complicado: “Hoy Hugo es un león hervíboro, quizá no te mata pero te come un brazo”, lo definen.
Por ello, el Gobierno trabaja en aislar de representatividad sindical la marcha del 21F. No en términos de convocatoria sino en cuanto a los caciques gremiales que allí desfilen. “Los que vayan van a quedar pegados al kirchnerismo y se van a sacar una foto con los Moyano, Baradel y Yasky”, aseguran en la Casa Rosada.
Además de Triaca, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, puso su grano de arena: cerró el acuerdo paritario con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) en el orden del 15%, y se prepara para hacer lo propio con Gerardo Martínez (Uocra) por un porcentaje similar. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, viene de poner su cuota: colaboró para que los transportistas de la UTA y los maquinistas ferroviarios no se sumen a la marcha.
Dos conflictos más acechan a Moyano: los pases de factura de gremios a los que les sacó afiliados o castigó cuando era muy poderoso, y por el otro las cámaras empresarias con las que Pablo viene peleándose sistemáticamente.
Sin retorno. A todo esto, el vínculo con Macri está severamente dañado. Siguen sin hablar y los vasos comunicantes están rotos: ni Triaca ni el vicejefe porteño, Diego Santilli, están mediando para recomponer la situación.
“No es un enojo personal, es político, el Presidente ve irracional a Hugo y observa también que decidió recostarse en la locura que tiene Pablo”, reflexiona un importante funcionario de la Casa Rosada. La irracionalidad, leída en clave macrista, tiene que ver con la intransigencia del cacique sindical. No querer discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo para Camioneros, ni tampoco debatir los costos de logística que complican la productividad para varios sectores.
Las parábolas del poder: tras dos años iniciales complicados, entre 2009 y 2015 la relación Macri-Moyano fue cada vez mejor. Hubo paz política y acuerdos en los negocios. Cuando llegó a la Rosada, el líder del PRO pensó en replicar ese modelo y que el camionero sería la clave para alcanzar nuevos acuerdos con el sindicalismo. Hoy está en la vereda de enfrente.
La ruta del dinero
El vínculo entre el gremio y la obra social de Camioneros con las empresas de la mujer de Hugo Moyano, Liliana Zulet, es otro de los focos por los que la Justicia está cercando al líder sindical. En los últimos días, uno de los jueces que investigan al camionero y a sus familiares por lavado de activos le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que ampliara sus investigaciones.
En enero, la UIF mandó a cuatro jueces federales que investigan a Moyano un informe con datos sobre el flujo de dinero detectado entre la obra social de choferes de camiones y las empresas Aconra SA (constructora), Iarai SA (gerenciadora de clínicas) y Dixey SA (textil), e incluso el detalle de unas seis casas quintas que las empresas compraron en Parque Leloir, partido de Ituzaingó.
Ahora, desde la Justicia le pidieron al organismo profundizar esa información.
Hay varios aspectos en los que están poniendo la mira. Primero, en los aspectos contables tanto de la obra social como de las empresas. La situación deficitaria de la obra social (ver página 6), contrastada con la buena situación de las empresas, es algo que despierta sospechas.
Así, el objetivo ahora es analizar todos los servicios que las empresas le prestaron al gremio y a la obra social, para ver cuáles fueron los servicios contratados, si efectivamente se cumplieron en su totalidad y si se pagó un precio acorde a los valores de mercado.
