El exclusivo hotel Los Sauces, ubicado en El Calafate, no deja de traerles dolores de cabeza a sus dueños, el matrimonio Kirchner. Esta propiedad, que se alquila al empresario Juan Carlos Relats por cifras inverosímiles, no sólo genera incongruencias en las declaraciones juradas de Néstor y Cristina, sino que podría afectar las funciones de la Presidenta.
Los Sauces es un hotel boutique de cinco estrellas, cuyas habitaciones se cobran entre 780 y 1.500 dólares la noche. Tras haber sido erigido en 2006, fue alquilado a Juan Carlos Relats, empresario que obtuvo varias concesiones viales y obras públicas estatales. El alquiler asciende a 210.000 dólares por mes, una cifra elevada para un emprendimiento que suele tener la mayor parte de sus habitaciones desocupadas.
El hotel también podría generar un conflicto de intereses para la Presidenta: el 9 de junio de 2008, Cristina firmó el decreto 902/08, según el cual aceptaba la renuncia de Rutas del Litoral -empresa propiedad de Relats- a reclamar una "tasa interna de retorno [para] contratos de concesión de obra pública". Este decreto, que aparenta ser un ahorro para el Estado, en la práctica significó un beneficio para la empresa, que cobró 32 millones de pesos, según confirmaron fuentes de la compañía al diario La Nación.
La polémica se suscita sobre si Cristina podía firmar ese decreto. El inciso i) del artículo 2 de la Ley 25.188 de Ética Pública impone a todo funcionario "abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil", o de lo contrario el acto firmado sería nulo de nulidad absoluta. Las causas de excusación incluyen ser "acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes" y "haber recibido beneficio de importancia de alguna de las partes".
"Se dan varias causales para la nulidad del decreto", comentó al matutino el abogado constitucionalista Fernando Toller, quien opinó que la firma presidencial "no tiene efectos jurídicos y lo que dispuso debe retrotraerse".
Más cauto, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, sostuvo que "apuntan a que los funcionarios sean imparciales al tomar decisiones, y cuando se está en duda, es necesario que se excuse o que dictaminen la Oficina Anticorrupción y la Procuración".
La irregularidad podría haberse evitado, según Toller, si la resolución era firmada por cualquier otro funcionario que no fuese la Presidenta, como el jefe de Gabinete, el Ministro de Planificación Federal, o las autoridades de Vialidad Nacional.
"La situación se encuentra absolutamente al borde de la nulidad", afirmó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, aunque aclaró que "habría que ver de qué manera se refleja el cobro de los alquileres por parte de Néstor Kirchner en la sociedad conyugal", ya que se trata de ingresos gananciales.
