“Tengo confianza en que la Corte Suprema no dará lo que sería un paso extraordinario y sin precedentes, al revocar una ley que fue aprobada por una gran mayoría de un Congreso elegido democráticamente”.
La frase no pertenece a Cristina Fernández, ni estuvo dirigida a la Corte antes de que fallara a favor del Gobierno en la batalla con el Grupo Clarín por la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Lo dijo Barack Obama el año pasado, cuando el máximo tribunal de los Estados Unidos debía decidir sobre la constitucionalidad de la reforma del sistema de salud impulsado por el Gobierno demócrata y resistido fuertemente por la oposición republicana.
Ambos casos tienen múltiples paralelos, giraron en torno a dos proyectos considerados centrales por los gobiernos y marcaron la relación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema. Los dos, a su vez, estuvieron atravesados por denuncias de presiones o acuerdos.
En Estados Unidos la decisión fue más jugada, en términos de votos, que en Argentina.
En junio del 2012 la Corte —conformada por nueve jueces, a diferencia de aquí, que son siete— debió decidir sobre la constitucionalidad de la reforma de salud de Obama, principalmente del “mandato individual” que establece que quien no compre algún tipo de seguro de salud deberá pagar una multa. La votación terminó 5 a 4, a favor de la constitucionalidad de la ley.
Cuatro miembros de la Corte son más conservadores o republicanos y otros cuatro más liberales o demócratas. El presidente del cuerpo, John G. Roberts, estuvo originalmente alineado con el ala conservadora en su idea de revocar la ley, pero a último momento cambió su voto y decidió la cuestión a favor de Obama.
Ese cambio repentino fue atribuido a presiones políticas y mediáticas. Algunos dijeron que Roberts, atento a lo que se decía en los medios, había sucumbido ante la presión de un sin número de artículos periodísticos y las declaraciones públicas de políticos y del mismo Obama, y su incidencia en la opinión pública.
Otros, que Roberts simplemente entendió las consecuencias sociales que podía traer revocar la ley.
También hay teorías más conspirativas. En el caso de Roberts, dicen que habría sido chantajeado por los servicios de inteligencia del gobierno de EE.UU, incluso con participación de la poderosa NSA. Los dos jueces se conocieron, en 2010, en EE.UU., sin saber que vivirían historias parecidas.
A lo largo de la semana, los paralelos entre la decisión de Roberts y Lorenzetti atravesaron los análisis del sorpresivo fallo por la ley de Medios.
En Argentina las denuncias de presiones también fueron varias y diferentes. Trascendieron las versiones de reuniones de la Presidenta con el presidente de la Corte Suprema, Elena Highton, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni.Y se habló de posteriores gestiones de Carlos Zannini.
La diputada Elisa Carrió denunció directamente un pacto entre Lorenzetti y el Gobierno para fallar a favor de la ley de Medios. Lorenzetti lo desmintió. Cualquiera haya sido la trastienda, la decisión lo emparentó en el recorrido histórico con su colega de los Estados Unidos
