Cuatro años pasaron de la renuncia de Juan Manuel Palacios como jefe del sindicato de choferes. El motivo fue una investigación de PERFIL, que reveló que había comprado campos a valores millonarios.
El sucesor en el gremio fue Roberto Fernández, que también había participado en aquel negocio. Y ahora, este diario descubrió que Palacios, Fernández y su emprendimiento rural están vinculados a una empresa extranjera ubicada en Las Bahamas, un paraíso fiscal utilizado para el lavado de dinero.
Los sindicalistas tienen vínculos documentados con esa sociedad, que recibe el nombre de Vandalia Investments Limited. La firma offshore estableció una sucursal en Argentina, donde contrató al mismo escribano y se estableció en la misma dirección que Calema, la compañía que los gremialistas usaron para comprar las propiedades rurales.
Pero existe un nexo todavía más fuerte: la empresa foránea informó como domicilio fiscal una casa de la familia de Fernández. Allí vivió mucho tiempo su actual mujer, que ahora trabaja para la obra social del sindicato y en esa vivienda todavía reside la suegra de Fernández.
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