El dinero que proviene del
registro de autos, inmuebles, armas y empresas, que desde hace décadas es
recaudado por entes privados, es utilizado por el
Estado para pagar sueldos y adquirir bienes y servicios de forma discrecional y
por fuera del presupuesto nacional.
Según una investigación del diario
La Nación, el monto recaudado por estos trámites asciende a los
500
millones de pesos anuales. De ese monto, el Renar, el Colegio de Escribanos y el
Registro de Propiedad del Automotor –los entes autorizados por el Estado para realizar los
registros- se quedan con un porcentaje y el resto pasa a manos del Ministerio de Justicia.
Fuentes gremiales estiman que
alrededor de 3000 de los 4300 empleados que tiene el Ministerio cobran sus sueldos con
fondos que provienen de los entes privados. Es más, este dinero también es utilizado para
pagar “incentivos” (sobresueldos) al personal estatal, práctica tan generalizada que el
gremio exige que el dinero sea “blanqueado” como parte del sueldo.
El hecho de que estos fondos se manejen por fuera del presupuesto
permite al Ministerio eludir los mecanismos habituales de asignación de partidas y de
control. Un decreto del ex presidente Fernando De la Rúa creó un sistema de auditoría
específico, pero los encargados de fiscalizar son funcionarios del mismo Ministerio que se
beneficia con las partidas, informó
La Nación.
La
Sindicatura General de la Nación (Sigen) difundió hace algunos meses un informe en
el que criticó el manejo extrapresupuestario de estos fondos. El organismo habló de una
“inadecuada apreciación de la naturaleza jurídica de los fondos administrados” por los
entes llamados “cooperadores”.