POLITICA
A 25 AOS DE LOS LEVANTAMIENTOS DE SEMANA SANTA

El ministro de Defensa de Alfonsín admitió que "la rebelión no obligó a negociar las leyes"

Horacio Jaunarena reconstruyó la rebelión carapintada y destacó el rol del mandatario radical. Galería de fotos.

El ex ministro de Defensa entre 1986 y 1989, Horacio Jaunarena, sostiene su libro sobre el levantamiento carapintada, "La casa está orden".
| Cedoc

Vuelve a las librerías, en una nueva edición, La Casa está en orden, el best seller en el que Horacio Jaunarena relata la famosa rebelión de Semana Santa.  

El doctor Horacio Jaunarena fue ministro de Defensa desde 1986 hasta 1989 y es fácil recordar que en aquel primer gobierno constitucional, presidido por Raúl Alfonsín, el equilibrio con las Fuerzas Armadas tropezó con mil escollos. Tan es así que el 14 de abril de 1987, se produjo el primer intento de golpe castrense.

—¿Cómo se enteró del levantamiento comandado por Aldo Rico?
Horacio Jaunarena recuerda las horas (posiblemente) más tensas de su vida:
—Me llamó el general Ríos Ereñú, jefe del Ejército, para comunicarme que en Córdoba había un oficial de inteligencia (Ernesto Barreiro) acusado por el secuestro y muerte de militantes en el campo de detención clandestino de La Perla, que se había negado a presentarse ante la Justicia refugiándose, en cambio, en el regimiento de la XIV Brigada de Infantería Aerotransportada. Muy rápidamente comenzaron los rumores acerca de la situación en los cuarteles. El coronel Aldo Rico se instaló en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y ya, en aquel Jueves Santo, se confirmó la noticia que señalaba una rebelión. Ciertos episodios anteriores presagiaban una situación muy compleja en el orden militar. Por ejemplo, algunos oficiales se reunían para despedir a aquellos que iban a declarar ante la Justicia. Tan es así que en Córdoba, hubo gestos de marcada hostilidad frente a los miembros de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) que iban a escuchar a aquellos hombres. El maltrato fue tan fuerte que tuvimos que pasar a retiro al comandante del III Cuerpo y a varios protagonistas de esos episodios. La inquietud militar, por lo tanto, se convirtió en un hecho importante. Yo diría que el primer episodio que revela la gravedad de la situación es el ocurrido en Córdoba, que culmina también con el pase a retiro del general Harguindeguy. Tampoco podemos olvidar los famosos discursos de los militares retirados que reivindicaban la dictadura. Esto, obviamente, provocaba respuestas e inquietudes. También tuvimos un problema en el hecho de que se daba un desajuste entre lo que Alfonsín había prometido en la campaña. Me refiero a la distinción entre los que habían impartido las órdenes y aquellos que las cumplieron y la implementación de esa situación.

—¿Por ejemplo?
—Bueno, cuando iba a los tribunales, la gente que había sufrido secuestros y torturas no notificaban a Videla. Claro, Videla no iba a los tribunales. Era quien había ordenado la represión y un oficial, un cabo o un teniente habían cumplido, luego, la orden. Esa misma gente también era responsabilizada por la derrota de Malvinas dado que, durante la dictadura, se produce una interna en el gobierno militar por la cual las cúpulas de Buenos Aires culpan a los que habían combatido en Malvinas por haber perdido la guerra. A su vez, cuando regresaron, los combatientes de Malvinas (mal equipados, muertos de hambre y frío) fueron ocultados a la opinión pública con la intención de distraer la atención y aliviar la enorme responsabilidad de las cúpulas castrenses. Y cuando se implementa la política de repudio a la represión ilegal, los primeros  citados son aquellos que, en Malvinas, habían tenido que combatir. Salvo Videla y Massera, los demás responsables no aparecían en los tribunales porque los tribunales avanzaban sobre los que se identificaban. Esto produjo una situación muy compleja, de mucho resentimiento que dio origen a que tuviéramos que dictar leyes como la Ley de Punto Final previa a la de Obediencia Debida.

—La Ley de Punto Final se dicta antes del levantamiento de Rico.
—Sí. Le explico: había una indefinición en el tiempo y en las responsabilidades. Con la Ley de Punto Final se establecieron sesenta días durante los cuales aquellos que no fueran citados quedaban exentos de responsabilidad. Y los jueces (muy sensibles en aquel momento por la situación que se estaba viviendo) procesaron prácticamente a todo aquel que llevara uniforme. Quiero decir que lo que se intentó (acotar en el tiempo y en el límite de responsabilidades) fracasó. Luego, en el mismo sentido, cuando se pretendió apuntar a quienes habían impartido las órdenes, aparecen las instrucciones a los fiscales que también fracasan porque no se logra acotar la situación. Por orden del presidente Alfonsín se comienza, entonces, a estudiar lo que más tarde se llamó Ley de Obediencia Debida.

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