“El narcoescándalo es la puntita de un iceberg inmenso”

Desde Córdoba
La provincia de Córdoba atraviesa el mayor escándalo de corrupción policial vinculado al narcotráfico en toda su historia. El legislador Aurelio García Elorrio fue uno de los primeros en denunciar la connivencia entre el poder político y los narcotraficantes. El pasado jueves, vivió una tensa situación en la Legislatura provincial al protagonizar un fuerte enfrentamiento con Carlos “la Mona” Jiménez, uno de los grandes ídolos populares de los cordobeses. Cuando la Cámara se preparaba para declarar el cuarteto como Patrimonio Cultural de Córdoba, García Elorrio se opuso argumentando que los cuarteteros debían suspender sus bailes cuando percibieran que se vendían estupefacientes en el lugar, lo que despertó la ira de los músicos que, comandados por Jiménez, amenazaron con abandonar el recinto.
El legislador recibió a PERFIL en su despacho y confesó que lo sorprendió la reacción de los cuarteteros. “No quería arruinar su fiesta. Reconocí todo lo que logró su música, principalmente alegrar el corazón de los más pobres, pero les pedí que nos ayudaran en la batalla contra el narcotráfico. En la puerta de los bailes esperan a los jóvenes con drogas y no deberían cantar donde se daña a los chicos. También pedí que la letra de las canciones incluyera un mensaje contra el consumo. Es una responsabilidad social y es parte de la batalla cultural, que es fundamental”, explicó.
La presunta vinculación de policías cordobeses con el narcotráfico se conoció por intermedio del testimonio del “colaborador encubierto” policial en el programa ADN de la televisión local.
La lucha de García Elorrio no es nueva. En 2008 ventiló la relación entre la dirigencia política y el narcotráfico. La denuncia resultó una bisagra en su vida. Sufrió amenazas y litigios judiciales, y desde entonces debe moverse con custodia personal permanente.
“En ese momento, denuncié que funcionarios provinciales daban cobertura al narcotráfico en zonas esenciales de la ciudad de Córdoba. Juan Schiaretti, el gobernador en esa época, me envió una carta documento para que dijera ante la Justicia quiénes eran los funcionarios involucrados. Obviamente fui, los denuncié y asumí una responsabilidad que debió hacer el Estado. Esa situación que alertamos derivó en todo lo que hoy sale a la luz con estas nuevas denuncias.”
—¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de Córdoba en la situación actual?
—El principal problema del narcotráfico es lo que yo denomino “droga grande”, que son los 70 mil kilogramos de cocaína que ingresan en el país, a través del gran “portaaviones” que es Santiago del Estero, y se distribuyen en tres grandes rutas: la hidrovía del Paraná, la Ruta 34 por Santa Fe y la 38, que pasa por Córdoba, con destino hacia los puertos. Si las rutas de Córdoba están abiertas, y están pasando miles de kilos de cocaína hacia los puertos y para el consumo local, hay una brutal omisión e irresponsabilidad del gobierno. También debemos ver quién monitorea ese paso, alguien lo organiza, y yo tengo mi desconfianza de que hay elementos residuales de la Secretaría de Inteligencia del Ejército participando en estas maniobras.
—¿Lo sorprendieron las irregularidades detectadas en la Policía local?
—No. En medio del caos que se genera por el paso en la provincia de miles de kilos de droga, aparecen zonas liberadas e irregularidades. El narcoescándalo es la puntita de un iceberg inmenso. Las instituciones están en estado de shock, la Policía está en estado de shock. De la Sota deberá tomar algunas medidas contra este grave flagelo