Casi como una obsesión desde el inicio de su labor al frente del Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner motoriza distintas reformas ligadas al área judicial que, al final de cuentas, no logran los apoyos necesarios para convertirse en ley.
La reforma de la Corte Suprema avalada por gobernadores que se discute en el Senado es uno de los ejemplos que se suman a la fallida reforma judicial, la modificación del Ministerio Público Fiscal y la designación del Procurador General de la Nación.
El último miércoles siete gobernadores se hicieron presentes en un plenario de comisiones de Justicia y de Asuntos Penales de la Cámara alta para dar sus argumentos a favor de un máximo tribunal más “federal”, con una composición de 25 jueces, en vez de los cinco que lo integran ahora.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Luego de varias reuniones informativas, se logró sacar dictamen y todo se encamina a un tratamiento en el recinto para el próximo jueves 7, una semana antes que el plazo inicialmente previsto, con la intención de anticiparse al receso invernal.
Lo cierto es que tal como sucedió en las anteriores oportunidades, el asunto va derecho a estancarse en la Cámara de Diputados, donde ni siquiera los aliados de siempre están convencidos de brindar su acompañamiento. “Nosotros no vamos a destrabar nada”, aclara de antemano un diputado que en varios casos acompañó iniciativas del oficialismo, pero que ahora no concuerda con un proyecto por demás polémico.
La oposición ya dejó en claro su postura en el Senado al ausentarse del debate en comisión. “Se habla mucho del diálogo y eso es lo que como país necesitamos”, le enrostró el jefe del interbloque del Frente de Todos José Mayans, en contra de una práctica que suele repetir Juntos por el Cambio para manifestar su desacuerdo no solo con los contenidos sino con las formas.
Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, fue uno de los que defendió el texto en el Senado y remarcó que en el conjunto de los 17 mandatarios provinciales impulsores de la iniciativa primó el espíritu de “unidad nacional y de restauración de los principios nacionales”.
Este apoyo federal, traducido en el idioma parlamentario, podría significar el acompañamiento de los legisladores ligados a partidos provinciales, pero por el momento no están cerca de los 129 votos necesarios.
