El organismo antilavado reclamó congelar la herencia de Kirchner

Los bienes que heredó la familia Kirchner del ex presidente quedaron en la mira de la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo, que se dedica a investigar el lavado de activos, advirtió que hubo “movimientos sospechosos” de los bienes que eran de Néstor Kirchner y le pidió al juez federal Julián Ercolini que los congele.

El contador de la familia Kirchner, según publicó el diario Clarín, declaró que los bienes de la sucesión ascienden a 60,4 millones de pesos, entre propiedades, sociedades y depósitos bancarios. Además de denunciar los supuestos movimientos sospechosos, la UIF pidió la inhibición de la sucesión por el estado de sospecha que genera el pedido de indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber montado una maniobra para “beneficiar a su amigo Lázaro Báez” con la adjudicación de obras millonarias.

Hacen referencia al pedido de indagatoria que hicieron los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques y que debe resolver el propio Ercolini. Incluye, también, a ex ministros kirchneristas como Julio De Vido y al propio Báez.

La UIF pidió también, según informó la agencia DYN, que se desplace a Máximo Kirchner como administrador de los bienes de la sucesión y se coloque en su lugar a un interventor judicial.

Ercolini tiene la causa por asociación ilícita que inició Elisa Carrió y la investigación conocida como Hotesur, en la que se pretende averiguar si en el alquiler de habitaciones de los hoteles presidenciales, por parte de Báez, se ocultaron coimas por la adjudicación de obras.

Cristina Kirchner también está procesada por el juez Claudio Bonadio en la causa conocida como dólar futuro. Aunque lo recusó, Bonadio fue ratificado por sus superiores. Pero ahora la Sala II de la Cámara Federal revisa, de todos modos, si el procesamiento es adecuado o no en este caso. Bonadio había inhibido a la ex presidenta porque no cumplió con el embargo de los 15 millones de pesos dictado por él.

Otra causa que inquieta a la familia presidencial es la de lavado de dinero que tiene a su cargo el juez federal Sebastián Casanello y por la que está preso Báez. En esa causa, la Cámara Federal ordenó investigar hasta las últimas consecuencias y dirigir la pesquisa también hacia la ex presidenta y sus ex ministros.