El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime logró ayer garantizarse su libertad tras una semana prófugo de la Justicia e Interpol.
El Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba le concedió la eximición de prisión bajo una fianza de 200 mil pesos, que su defensa depositó ayer. La decisión de la Justicia cordobesa, que lo juzgará a partir del martes 30, fue una consecuencia del beneficio que le otorgó el jueves la Cámara Federal porteña, en otra causa, que desató uno de los episodios más controvertidos entre el Poder Judicial y el Gobierno.
En los tribunales federales de Retiro, dos altas fuentes confirmaron a PERFIL que Jaime tuvo de su lado la ayuda de un hombre clave del Ejecutivo en la Justicia: el auditor general de la Nación, Javier Fernández, quien tuvo encomendado el manejo de la Justicia en la última década.
Fernández fue el enlace central del Gobierno con los jueces, fiscales y camaristas, hasta que sufrió un supuesto atentado –le balearon el auto-. Desde entonces, debió bajar su perfil y su nivel de incidencia, pero en los Tribunales aseguran que sigue “operando”, en particular para casos especiales, como el de Jaime.
“Javier fue quien intercedió ante la Cámara para agilizar los trámites”, aseguró una fuente con conocimiento de causa. Otro funcionario judicial, también al tanto de la maniobra, lo confirmó.
La Cámara debía tratar la apelación de Jaime el jueves 25, pero Javier Fernández se habría encargado de que los tiempo se aceleraran para que la resolución se dictara una semana antes y Jaime no siguiera siendo una bomba de tiempo para el Gobierno.
Si la Cámara no fallaba esta semana, la decisión hubiese caído en otra sala. La eximición de prisión fue dictada, a través de un escrito durísimo contra el juez federal Claudio Bonadio, por dos miembros de la Sala I: Jorge “Pati” Ballesteros y Eduardo “Chiche” Freiler. Si la audiencia quedaba firme para el 25, hubiesen intervenido los miembros de la Sala II. La Sala I es considerada de amplia llegada para Javier Fernández.
Fuentes de la causa tenían la esperanza de que la Sala II confirmara la decisión de Bonadio de dejarlo preso. Otros no descartan que la Sala II también hubiese optado por eximir de prisión a Jaime, pero aseguran que jamás hubieran utilizado el tono del escrito de Freiler y Ballesteros, quienes apuntaron contra Bonadio, el juez que orquestó un tiro certero contra el Gobierno en plena campaña electoral.
“Esto era una barbaridad y me alegro que dos jueces tengan esta personalidad”, dijo el abogado de Jaime en Buenos Aires, Andrés Marutian. Luego adelantó: “Tengo la obligación de pedir su juicio político por abuso de poder” contra el juez Bonadio. El supuesto abuso de poder fue reconocido en el fallo de los camaristas, quienes sentaron un precedente clave para complicar a Bonadio.
Los camaristas sostuvieron que encarcelar a Jaime había sido una decisión “arbitraria” y que el juez “prefirió la aplicación de una inapropiada, cuando no arcaica, interpretación del derecho”. Según Freiler y Ballestero, el juez se “extravió en temperamentos propios de otros tiempos”.
Luego de la feria, los camaristas deberán decidir otra cuestión de fondo en la causa: si confirman o no el procesamiento de Jaime por presunta administración fraudulenta en el manejo de fondos públicos para el Ferrocarril Belgrano Cargas.
Bonadio había sostenido que el Gobierno podía ayudar a Jaime a entorpecer la investigación en su contra, por su relación con “altos funcionarios”. Además afirmó que existía una sospecha razonable de que podría intentar destruir pruebas, ya que se lo juzgará por ese delito en otra causa.
Jaime era un hombre libre, pero seguía sin aparecer al cierre de esta edición. En Córdoba, su defensor, Marcelo Brito, presentó ayer un “recurso de reposición” para que se revoque el pedido de captura internacional que se libró en los tribunales cordobeses contra Jaime.
El fiscal del caso provincial, Maximiliano Hairabedian, había dicho por la mañana que el trámite “se tarda entre 24 y 48 horas”. Poco después del mediodía, el José María Pérez Villalobo confirmó la libertad de Jaime.
Jaime además deberá fijar “domicilio y comprometerse a comparecer ante el Tribunal ante el primer llamado que se formule”. En Córdoba, deberá afrontar un juicio oral a partir del 30 de julio por intentar robar pruebas durante un allanamiento en uno de sus domicilios.
Ayer, su abogado cordobés pidió la nulidad del juicio para intentar retrasar la primera audiencia, en la que Jaime deberá presentarse sí o sí, y quedará expuesto ante las cámaras por primera vez desde que Bonadio pidió su detención.
