El plan motosierra se siente en la política alimentaria, con fuerte caída en la ejecución
Con organizaciones sociales bajo intensos reclamos, el Gobierno puso su mira en la entrega de alimentos: con un ajuste feroz en distintos programas. La mayoría tiene presupuesto pero no realizaron gastos en lo que va del año. Los detalles de las erogaciones de los pocos que se mantuvieron en pie y resistieron el recorte. Según un estudio, la administración libertaria logró contraer las erogaciones en el área en un 45% en relación al mismo período del año pasado.
Las distintas líneas de las organizaciones sociales, desde aquellos piqueteros más duros hasta los más dialoguistas, salieron a la calle en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos que gestionan. Un pedido que sostienen por distintas vías desde hace meses, con números oficiales que marcan que la motosierra libertaria logró en casi tres meses bajar la ejecución presupuestaria de los programas alimentarios en un 45% de manera interanual. En un contexto en el que además el Gobierno logró consolidar el reparto de comida solo a un selecto grupo de agrupaciones.
Según los datos a los que accedió PERFIL, hay 10 programas dedicados a la política alimentaria en vigencia con un presupuesto del año 2023. Todos dependen del ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, precisamente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que conduce Pablo de La Torre, y reflejan que sólo tres tuvieron gastos hasta el viernes. El ranking lo encabeza Comedores Populares y Merenderos, con $34.338,8 millones para erogaciones. De ese monto, la cartera puso en marcha $10.810,1 millones, es decir un 31,48%.
Después, figura la Tarjeta Alimentar, con un presupuesto de $695.398,4 millones del cual se ejecutó un 19,3%, $132.347,6 millones. Y el podio lo completa el Apoyo al Plan nacional Argentina contra el Hambre, dedicado básicamente a la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos. Allí, figuran $331,1 millones con una ejecución de $22,8 millones, un 6,89%.
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El resto, como Comedores Escolares, Complemento Alimentario, Asistencia a Prohuerta y Proyectos Especiales y Acciones Focalizadas en Personas Celiacas, no poseen ni un centavo en el ítem gastos. Para el Centro de Economía Política (CEPA), en contacto con este medio, hay dos hechos de relevancia que reflejan el camino del ajuste que encaró la gestión de Javier Milei desde el día uno.
En principio, que el recorte no solo afecta a las organizaciones sociales, que aducen que no han recibido productos desde el mes de noviembre, sino a toda la atención directa en términos alimentarios para provincias y municipios de todo el país. En segundo término, que si se compara el nivel de ejecución presupuestaria de esta gestión con el mismo período de 2023, bajo la era de Alberto Fernández, hay una diferencia en contra de Milei del 45% en términos reales, considerando siempre la inflación del INDEC.
De los diez programas de alimentos de Pettovello, solo se ejecutaron tres
Si el presupuesto actual ($875.60,40 millones) tomara en cuenta la suba de precios de los últimos doce meses, debería ser de $2740,754 millones. Y Pettovello hasta el 21 de febrero solo se encargó de ejecutar $143,180 millones. Un golpe de knock out a la política alimentaria. Hay otro detalle que no pasa desapercibido, que tiene que ver con un reparto selecto de asistencias: dirigentes libertarios admiten que los fondos del ítem Comedores Populares y Merenderos se la llevan dos asociaciones que estrecharon la mano de la ministra mientras que las organizaciones no reciben nada. Una es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), que recibió según comunicó el oficialismos $177.5 millones para sus merenderos. También aparece Caritas Argentina, que rubricó un pacto con la líder de Capital Humano para recibir más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos.
Bajo este marco, con un conflicto que amenaza con continuar en plena escala, la administración Milei insistió en las últimas horas que no piensa negociar con los dirigentes sociales y apuesta a que exista una asistencia directa a los comedores. Con el argumento de ponerle un punto final a la extorsión de las agrupaciones que cortaron calles y, sobre todo, como subrayan, para finalizar con “el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del Estado”. “El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo”, explicaron desde la cartera tras la contundente protesta.
Javier Milei. Foto: Télam
Una curiosidad: mientras solo se dedicó a firmar convenios de asistencias alimentarias con dos agrupaciones relacionadas a la Iglesia, el ministerio cuestionó “la discrecionalidad” que se llevó adelante en los últimos años “en la elección de los beneficiarios”.
Ante esta situación, los representantes principales de las agrupaciones que se movilizaron ayer, Barrios de Pie, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, Libres del Sur y de Unidad Piquetera, entre otros, señalaron en contacto con este medio en que tuvieron que salir a la calle porque desde el mes de noviembre que no reciben productos en los comedores que tienen a cargo. Silvia Saravia,dirigente nacional de Libres del Sur, ofrece números: dice que su organización tiene que hacer frente a 1300 espacios que funcionan como comedores y merenderos y que, en este contexto de crisis, debe asistir de manera mensual a 180 mil personas.
“La situación es más que compleja porque no hay certezas y por eso armamos una jornada importante, el Gobierno está jugando al límite de lo que la gente puede aguantar”, mencionó la referente social. En la Corriente Clasista y Combativa recuerdan que en la era Fernández existían 30 mil comedores en todo el país que contaban con ayuda estatal.Un escenario que no volverá a ser realidad, expresaron.
Disputa con Grabois
Mientras la administración libertaria sigue haciendo eje en vincular a Juan Grabois con el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la dirigente Fernanda Miño, cercana al referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien dirigió el FISU, ofreció defensa.
En respuesta al ataque sin datos oficiales certeros, Miño aseguró que lo que manejó bajo su gestión tuvo transparencia. De hecho, indicó que hay un monitor de obras y datos, “donde se puede hacer un seguimiento de todas las obras”; las auditorías externas, “de 29 universidades y colegios profesionales distribuidos por zona geográfica”; las auditorías de administración pública, “para evaluar aspectos presupuestarios y operativos del FISU”; los estudios de impacto y evaluación externa, de instituciones como la UCA, el BID y Cippec-Conicet; los informes de gestión 2020-2023, en lo referente a impacto de obras, análisis programático y ejecución presupuestaria.
Y destacó también que la SISU “fue premiada internacionalmente en el marco del Concurso Latinoamericano de Prácticas Inspiradoras de Vivienda y Hábitat frente al Cambio Climático”, recibiendo el premio de ‘Políticas, programas e iniciativas públicas nacionales’.
Por el momento, el Gobierno confirmó que no se encontraron irregularidades.
