Alcides Díaz Gorgonio –el prefecto acusado por el robo en la casa de Sergio Massa– hace 25 días permanece detenido en la comisaría del Polo Industrial de Pilar. Fue arrestado el 23 de julio pasado.
Casi no recibe visitas, tiene buen comportamiento y desde hace una semana tiene nuevo abogado. Su flamante defensor, José Luis Galliani, ya trabaja en una estrategia para atenuar la pena: ocurre que el delito que cometió Gorgonio –robo doblemente agravado– contempla una pena de entre cuatro a 13 años de prisión, pena potenciada por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad como él.
Desde hace una semana su abogado analiza las 200 hojas de la causa y en estas últimas horas repasa el video que tomaron las cámaras de seguridad. Habría un total de 22 horas de filmaciones.
Su objetivo, claro, es plantear un cambio de carátula en la causa: trabaja en la estrategia para que se califique el episodio como robo simple o hurto. Con eso se podría bajar la pena y, eventualmente, pedir la excarcelación.
En diálogo con PERFIL se quejó por algunas cuestiones procesales: “Hasta que no se pruebe que cometió un delito, debería estar en libertad”, reclamó Galliani, quien aseguró que en el caso de Gorgonio no hay razón para pensar que puede darse a la fuga o amenazar la investigación, motivos para estar tras las rejas.
Reloaded. Ayer el Gobierno salió a cuestionar parte de la investigación judicial a casi una semana de las PASO. Sergio Berni, secretario de Seguridad, puso en duda el desempeño de la Justicia tras afirmar que le “llama poderosamente la atención” que Gorgonio lleve 25 días detenido. “Eso no es lo habitual en este tipo de casos”, disparó el funcionario, que el mismo día del robo, en la casa del Country Isla del Sol de Sergio Massa, recibió un llamado del intendente para informarle que un prefecto le había robado en su casa.
A pesar de que el prefecto depende orgánicamente de una dependencia que está dentro de la esfera de Berni, el secretario afirmó que está de acuerdo con que siga preso, aunque comparó con ironía lo que sucede en otros casos: “Llama la atención que en esta Justicia que entran por una puerta y salen por la otra, éste siga detenido”. En la misma línea, el ministro de Seguridad bonarense, Ricardo Casal, había criticado la semana pasada el avance de la investigación. Atacó con dureza al fiscal Mariano Magaz, a cargo de la causa, y lo cuestionó por darle “un impulso de secretismo” a la pesquisa.
En la edición del sábado 10 de agosto, PERFIL publicó los primeros testimonios de Magaz: “No se descarta ninguna línea investigativa. Se van a ir descartando a medida de que se sumen elementos a la investigación”, aclaraba.
Pero está claro que para la familia de Massa no se trató de un simple episodio de inseguridad, mucho menos, en las condiciones en las que fue cometido.
Scioli apartó a funcionarios cercanos al intendente
Dos funcionarios del gobierno bonaerense, que mantienen estrecho vínculo con el intendente de Tigre y candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, fueron apartados de sus cargos por “trabajar contra el gobierno” y “no aceptar” las decisiones de Daniel Scioli.
Voceros del Ejecutivo confirmaron que se les pidió la renuncia al titular del Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba), Patricio López Mancinelli y al presidente de Centrales de la Costa SA, Tomás Hogan, áreas vinculadas a los ministerios de la Producción e Infraestructura.
“Son funcionarios políticos que no aceptan las decisiones estratégicas del gobernador”, indicaron desde el sciolismo y aclararon que “estaban trabajando en contra del propio gobierno que integraban y vale para cualquiera que tenga cargo político, esté con Stolbizer, De Narváez o Massa”.
López Mancinelli mantiene vínculo con Massa mediante el intendente de Olavarría, José Eseverri.
