El PRO fue a la Justicia contra la Ley de Medios Audiovisuales. Y lo hizo por intermedio del diputado electo Federico Pinedo, que presentó esta mañana una acción de amparo para suspender la puesta en marcha del organismo de aplicación de la flamante legislación hasta el 10 de diciembre.
La acción judicial quedó radicada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo número ocho, a cargo hasta el viernes de la jueza Liliana Heiland, y en el mes de noviembre, de su colega Cristina Carrión de Lorenzo. El amparo cuestiona el decreto que “dispone que el organismo creado por la ley mencionada puede funcionar sin que la totalidad de sus miembros hayan sido designados”.
En una presentación de 18 páginas, Pinedo cuestionó el decreto que reglamenta la Ley 26.522, en lo que se refiere a la conformación del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que “estará integrado por tres Directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (comisión del Congreso de la Nación Argentina)”.
Esos directores, según establece la ley, serán seleccionados por la Comisión “a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias”, lo que se deberá efectuar dentro de los dos años anteriores a la finalización del mandato del presidente en ejercicio.
La ley establece que deberán existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional, por lo que Pinedo dedujo que “claramente la Comisión Bicameral no podrá designar los tres Directores que le corresponden antes del día 10 de diciembre próximo”, cuando se renovarán ambas cámaras legislativas.
“Si lo hiciera, estaría violando el plazo máximo de dos años previos al 10 de diciembre de 2011 que ha sido previsto por la Ley. Por el mismo motivo, las minorías parlamentarias del momento de la designación (esto es, luego del 10 de diciembre), no serán las mismas que ahora, lo que privará a las minorías futuras de su capacidad de representación establecida por la ley”, adujo el legislador PRO.
Según Pinedo, “el Decreto reglamentario al modificar sustancialmente lo previsto en la Ley, es anticonstitucional”. Y advirtió que “ello no se ha producido por un error involuntario del Poder Ejecutivo de la Nación, sino que se trata de una burda maniobra que busca la designación de los integrantes de la Comisión Bicameral, y a su vez de los Directores, antes del 10 de diciembre próximo, en que se producirá el cambio de las mayorías y minorías parlamentarias”.
“Es realmente simple de entender: si ellos fueran designados antes del 10 de diciembre, la composición del Congreso que estaría designándolos es la del período 2007-9, y no la del período 2009-11. O sea, la composición política parlamentaria que finaliza estaría designando autoridades para los próximos cuatro años, que tendrán una composición parlamentaria distinta”, abundó. En ese sentido, interpretó una intención política por parte del actual gobierno que “pretendería arrogarse facultades que corresponden a las mayorías y minorías del momento previsto por la ley como momento de la designación de los integrantes de la autoridad de aplicación de la misma ley”.
Fuente: DyN
