El PRO pide juicio político, la jueza que no la llame la prensa

La jueza Elena Liberatori de Haramburu anunció esta tarde que no formulará declaraciones a la prensa porque entiende que los magistrados "hablan a través de sus sentencias o en ámbitos académicos".

"Elena Liberatori de Haramburu, Jueza del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires agradece el interés de los Medios de Comunicación sobre el tema de la Obra Social de los estatales porteños y solicita a los señores periodistas que no la llamen para dar declaraciones", informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Mientras tanto, el titular del bloque PRO de la Legislatura porteña, Oscar Moscariello, aseguró esta noche que los fallos de la jueza Liberatori contra el Gobierno porteño "la llevan imperiosamente al juicio político". "El 3er fallo de la Jueza Liberatori subvirtiendo el criterio político del Jefe de Gobierno es una evidente intromisión del Poder Judicial en las decisiones del Poder Ejecutivo", interpretó Moscariello en un parte de prensa.

El jefe del bloque PRO dijo que "sin duda" la serie de fallos constituyen "una acumulación de disposiciones que la llevan imperiosamente al juicio político". Las declaraciones de Moscariello sintonizaron hoy con las deslizadas por la vicejefa de Gobierno porteño, Gabriela Michetti, que admitió esta tarde como "una posibilidad" iniciar desde la Ciudad un juicio político a la jueza Elena Liberatori de Haramburu.

Consultada por los periodistas en el Salón Blanco de la jefatura de Gobierno de la Ciudad, Michetti dijo que el ejecutivo no analiza el tema por ahora, pero admitió que "por supuesto es una posibilidad" y consideró "invasiva" la actitud de la magistrada.

La Constitución porteña prevé el proceso de juicio político en su Capítulo Cuarto, precisamente en los artículos 92, 93 y 94.
El artículo 92 establece que "la Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen". Además, "a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de Incapaces; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución establece".

Fuente: DYN