El conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la provincia de Santa Cruz, por el fallo que denunció al gobernador Daniel Peralta por no reponer en su cargo al ex procurado Eduardo Sosa, echado por Néstor Kirchner en 1995, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El agente fiscal de Santa Cruz Claudio Espinosa, cuyo cargo pretende Sosa, presentó una denuncia ante el tribunal internacional contra la Corte y el Congreso -a quien el máximo Tribunal le pidió que intervenga- para evitar ser desplazado.
En su presentación, señaló que los fallos dictados recientemente por la Corte Suprema para que el ex procurador ocupe el cargo que actualmente cubre " conculcan flagrantemente mis garantías y derechos constitucionales inherentes a la inamovilidad y estabilidad en mi desempeño como funcionario judicial".
"He presentado mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", manifestó Espinosa, quien hoy informó a la Legislatura de Santa Cruz su accionar y notificó que también denunció al Congreso "a los fines de que dicho cuerpo se abstenga de sancionar cualquier norma que conlleve mi remoción en el cargo que legítimamente ejerzo".
