Uno de los desafíos más grandes que deberá afrontar el próximo gobierno nacional tiene que ver con la continuidad de cientos de miles de empleados estatales a partir de que asuma el próximo presidente: “Son trabajadores estatales, a los que año a año se les debe renovar los contratos a término, a pesar de que la mayoría realiza tareas permanentes”, advierte el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes.
Según los cálculos del gremio, un total de 600 mil contratos vencen en diciembre, si se toman a los trabajadores municipales (210 mil), provinciales (320 mil) y los nacionales (70 mil).
Así, el próximo gobierno también influirá en el destino de esos empleados, porque numerosos distritos dependen de la financiación nacional para mantener su planta de trabajadores.
“Son empleados que tienen una antigüedad que va de los 2 a los 16 años, que realizan tareas habituales de forma permanente”, indicó Fuentes a PERFIL. También explicó que “en los municipios el número de empleados puede ser aún mayor porque hay mucha información escondida y la precariedad laboral del sector es muy grave, son los estatales más golpeados por la precariedad y el abuso laboral del Gobierno”.
La cuestión del empleo público, que a nivel de la administración central creció 50% desde 2008, es un tema de preocupación en los equipos de trabajo de los principales candidatos a la presidencia.
Cuando una nueva administración asuma el próximo 10 de diciembre, deberá definir de manera inmediata si desea darles continuidad a los 70 mil contratos que dependen de forma directa. También afectará las decisiones que tomen las administraciones provinciales, porque en muchos casos dependen de la refinanciación de sus deudas.
Además, un importante número de empleados municipales es financiado con fondos de planes federales que también deberán ser confirmados por el nuevo gobierno. Siempre y cuando, claro, se busque dar continuidad laboral a los 600 mil trabajadores con contratos hasta diciembre.
La alerta que dio ATE no es compartida por todos los gremios de empleados públicos.
Fuentes de la Unión de Trabajadores Públicos del Estado (UPCN), afiliada en la CGT oficialista y dirigida por Andrés Rodríguez, indicaron a este medio que “son contratos que se renuevan todos los años”. Además, destacaron que hay en curso “un proceso de pase a planta permanente acordado el año pasado por el Gobierno”.
