En el marco del debate para modificar el Régimen Penal Juvenil, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, instó a los diputados a que apoyen la medida que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años. En ese sentido, manifestó que deberán elegir si están del lado de "los argentinos del bien" o de "los delincuentes".
"Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, manifestó el funcionario.
Sumado a esto, comparó la situación de la Argentina con la de otros países de la región: "Compartimos con Cuba la edad de imputabilidad más alta de la región. En Uruguay la edad es de 13 años y en Brasil y México 12 años”. “El Gobierno del presidente Javier Milei tiene el mandato de la sociedad de proteger a las víctimas y meter presos a los delincuentes y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplirlo”, concluyó.
El oficialismo y los bloques opositores dialoguistas lograron este martes avanzar en la Cámara de Diputados con un dictamen de mayoría para reformar el Régimen Penal Juvenil. Durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la diputada Laura Rodríguez Machado anunció que el dictamen contaba con 77 firmas.
La propuesta, impulsada por el oficialismo, fue respaldada por diputados de la UCR, La Libertad Avanza (LLA), Democracia para Siempre, el PRO, un sector de Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación, superando así en adhesiones al dictamen presentado por Unión por la Patria (UxP), que defiende mantener la imputabilidad a partir de los 16 años.
Una vez alcanzado el quórum, se presentaron los cuatro dictámenes en discusión. El de mayoría, promovido por la Casa Rosada, propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años y contempla instancias previas a la sanción penal, como el trabajo comunitario, aunque habilita el enjuiciamiento de menores por delitos graves como homicidios, violaciones o robos con armas.
Por su parte, el dictamen de UxP sostiene el límite actual de 16 años e incorpora propuestas para evitar la detención inmediata, incluyendo el ingreso a centros cerrados antes de una eventual internación en una cárcel. Las otras dos iniciativas fueron presentadas por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, de Encuentro Federal, que también mantienen la edad de punibilidad en 16 años, y por el Frente de Izquierda, que se opone a cualquier modificación del régimen vigente.
La discusión de los diputados
En representación del oficialismo, habló Roxana Reyes (UCR), quien sostuvo que hay "que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal”. Luego intervino Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), que aclaró que con sus compañeros apoyarían el dictamen de LLA, pero con disidencias.
"Hoy un chico de 14 o 15 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada. Vuelven a una casa donde no hay nadie. La ley debe darle contención a ese menor que no tiene respuesta de un Estado ausente. Exigimos que ningún fiscal ni ningún juez pueda aplicar ninguna medida privativa de la libertad hasta tanto estén los lugares adecuados”, explicó la legisladora.
Por su parte, Christian Castillo (FIT) reconoció que considera toda la discusión sobre este tema “una bomba de humo” que no resuelve la cuestión central. En esa línea, manifestó que en los países donde se ha bajado la edad de punibilidad se demostró que la medida "no disminuye la cantidad de delitos". "Se quiere transformar a los niños y adolescentes en chivos expiatorios”, sentenció.
En tanto, Mónica Macha (UxP) también se opuso a la propuesta oficialista de bajar la edad de imputabilidad, a la que definió como una medida “populista”: “Lo que se quiere es disciplinar y castigar”. Finalmente habló Margarita Stolbizer, quien expresó que “ningún límite de edad va a resolver estas problemáticas”.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura repudió la reforma al Régimen Penal Juvenil
En el marco del debate legislativo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) expresó su oposición a esta medida. Si bien reconocieron que es necesaria "una reforma del sistema penal juvenil que establezca un marco legal adecuado a la Convención sobre los Derechos del Niño", advirtieron que reducir la edad de responsabilidad penal es "incompatible con esa Convención y vulnera el principio de no regresividad".
De esa manera, sostuvieron que el Estado argentino debe establecer los 16 años como edad mínima de responsabilidad penal para todo tipo de delitos, a la vez que subrayaron: "Hay otras modalidades de abordaje que han demostrado ser más efectivas". Sumado a esto, citaron datos oficiales que muestran que entre 2020 y 2023 la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal se redujo un 23%.
Además, detallaron que el 54% de los NNyA en esa situación están acusados o condenados por delitos contra la propiedad, y solo uno de cada diez fue imputado por delitos contra las personas. “Estos datos reflejan que los jóvenes en conflicto con la ley penal no representan un problema de magnitud criminal, ni por la cantidad de adolescentes involucrados ni por la gravedad de los hechos”, destacaron.
Desde el CNPT hicieron hincapié en que las políticas públicas deben priorizar enfoques que no recurran al sistema judicial como primera respuesta, y señalaron que “una reforma del Sistema Penal Juvenil debe basarse en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, evitando intervenciones punitivas y promoviendo la prevención y una visión restaurativa”.
Asimismo, consideraron fundamental "robustecer políticas sociales". Entre ellas, propusieron avanzar en respuestas habitacionales, dispositivos intermedios para adolescentes, programas territoriales para el abordaje de consumos problemáticos y políticas educativas integrales. "No deben recurrir a procedimientos judiciales y sí a fortalecer iniciativas de carácter proteccional de esos niños, niñas y adolescentes", concluyeron.
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