La Cámara de Diputados se prepara para discutir este martes en comisión el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone reformar la Ley Penal Juvenil. El objetivo central es bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para los menores que cometan delitos.
El proyecto cuenta con el respaldo de los bloques dialoguistas del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos sectores de Encuentro Federal. En cambio, la iniciativa enfrenta el rechazo de Unión por la Patria (UxP), los partidos de izquierda y diversas organizaciones de Derechos Humanos.
El domingo pasado, se sumó al rechazo monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social y obispo de La Rioja, quien expresó: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz."
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El oficialismo busca dictamen para tratar la baja de imputabilidad antes de fin de mayo
Tras sucesivas postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó para este martes a las 16:00 horas al plenario de comisiones, con la intención de emitir dictamen.
Participarán las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda, presididas por Rodríguez Machado, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
Según fuentes parlamentarias citadas por la agencia Noticias Argentinas, la estrategia del oficialismo es conseguir el dictamen mayoritario para que el proyecto sea tratado en el recinto antes de que termine mayo.
El tema ya fue discutido durante siete reuniones en 2023 y otras dos este año: el 12 y el 19 de marzo, días previos al debate legislativo sobre el acuerdo con el FMI. Aunque el Gobierno aspiraba a establecer la imputabilidad desde los 13 años en casos de delitos graves, el consenso actual apunta a fijarla en 14, tal como propone el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP), entre otros.
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El proyecto establece que los menores no podrán recibir penas de prisión perpetua, y que la condena máxima será de 20 años, incluso cuando se trate de múltiples delitos con escalas penales más elevadas.
Además, se incorporan medidas para la resocialización, como programas educativos, deportivos, de formación ciudadana y tratamientos médicos. También se plantea la figura del “supervisor”, quien acompañará al joven en su proceso de rehabilitación e inserción social.
El texto contempla la revisión de la pena una vez cumplidos los dos tercios de la condena, y el permiso de cumplir el resto de la sanción en el domicilio. También se habilita el uso de institutos abiertos o centros especializados para menores como alternativas al encarcelamiento.
Entre las sanciones para delitos menores se incluyen la prohibición de acercarse a la víctima, prestación de servicios comunitarios, monitoreo electrónico, monitoreo comunitario y reparación del daño causado.
NG
