En las últimas dos semanas, el Congreso logró reanudar la agenda de actividades luego de varios meses de parálisis que solo se vio interrumpida para discutir el acuerdo con el FMI. Sin embargo, la paridad entre el oficialismo y la oposición que rige en ambas cámaras impide la efectiva aprobación de leyes a falta de acuerdos concretos para lograr las mayorías.
El Senado logró el último jueves dar media sanción al proyecto impulsado por el kirchnerismo duro para crear un “fondo para pagarle al Fondo”, un fideicomiso creado a partir del cobro de una alícuota para aquellos que tienen bienes en el exterior no declarados que sirva para cumplir con los compromisos con el FMI. La iniciativa del Frente de Todos se llevó 37 votos a favor contra 31 de la oposición, lo cual suena auspicioso para el avance del proyecto.
Sin embargo, el tema tiene que sortear dos obstáculos para convertirse en ley. En primer lugar, en la Cámara alta se encuentra trabado el proyecto complementario para esquivar el secreto bancario que permitiría que el denominado “colaborador” pueda realizar una denuncia contra quien tiene bienes no declarados.
La normativa del Banco Central ofrece incompatibilidades técnicas para poder acceder efectivamente a esos datos y si no hay posibilidad de conocer ese “secreto”, no será posible cobrar el impuesto a quienes evadieron la normativa vigente. Además de esta cuestión instrumental, la iniciativa tiene pocas chances de incorporarse a la apretada agenda de Diputados, donde la construcción de mayorías está resultando muy trabajosa, tanto para el oficialismo y la oposición.
Desde el inicio de la gestión del FdT, el kirchnerismo logró en el Senado la aprobación de varios proyectos que luego quedaron truncos por la falta de acompañamiento en la Cámara baja. El primero de ellos fue la reforma judicial, acompañada por la reforma del Ministerio Público Fiscal y otro más actual como la modificación del Consejo de la Magistratura, en donde además hay presentaciones judiciales cruzadas por el desacuerdo ante la designación de los consejeros del ámbito político.
El senador neuquino Oscar Parrilli, autor del proyecto, celebró la media sanción y destacó: “Creemos que es un acto de estricta justicia distributiva y de equidad fiscal y con los que pagan. Esta deuda la tienen que pagar los únicos que se beneficiaron que fueron los que pudieron llevarse dólares al exterior baratos sin pagar impuestos”.
Frente a los cuestionamientos por parte de la oposición sobre la pertinencia del proyecto en medio de la crisis económica y las urgencias en torno a la inflación, Parrilli les recordó que “gran parte del problema inflacionario que tenemos los argentinos es la escasez de dólares que necesitamos”.
Fue Martín Lousteau uno de los legisladores de Juntos por el Cambio que desplegó sus críticas al proyecto durante la sesión. Según dijo, la normativa impulsada por el oficialismo genera que a “los que incumplieron con la ley argentina e impidieron que el Estado tenga esos fondos y pueda llevar adelante sus política les regalan un blanqueo”, al tiempo que advirtió “no le cambia un ápice la vida a la gente”.
Detalle. El proyecto para crear el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional” apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%.
