El juez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales y de la que participaban más de treinta personas, es sometido a juicio desde este miércoles 26 de julio por el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza.
El titular del Juzgado Federal N°1 de esa provincia está en el banquillo de los acusados por –al menos desde el año 2007– haber recibido dinero y bienes a cambio de la obtención de “beneficios judiciales ilegítimos” en los casos en que intervenía como magistrado.
En el proceso también serán juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
“En todos los casos, los organizadores o miembros de la banda dejaban en claro que hablaban en nombre del juez Bento y que la decisión final dependía de su voluntad. Nunca invocaron a otro magistrado del fuero federal de Mendoza, fuese de primera o de segunda instancia”, detalló la fiscalía en la acusación.
Jefe de una asociación ilícita, pedidos de dólares y bienes a cambio de reducir la condena: las acusaciones contra el juez Walter Bento
La investigación se inició a raíz de los datos surgidos de una pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz. En ese caso, un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.
De acuerdo a la información del requerimiento de elevación a juicio, en la investigación la fiscalía sostuvo que se probó “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
Se estableció en la investigación que esta asociación ilícita, liderada por el magistrado, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
Con ese esquema, el accionar de la banda comenzaba luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del imputado, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso.
Cómo operaba la banda que lideraba Walter Bento
El soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles –particularmente automóviles– como condición previa para que obtuviera el beneficio judicial a cambio.
De esta forma, la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal (una tipificación menos grave), todas medidas adoptadas por el juez Bento en persona. Estas decisiones a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de la situación de libertad.
En algunas oportunidades, el arreglo se pactaba de común acuerdo entre el sobornador y los organizadores de la banda o sus miembros. En otros casos, los organizadores y miembros se contactaban con familiares de las personas detenidas para sumar presión, a fin de obtener el dinero o los bienes inmuebles o muebles que se requerían a cambio del “favor judicial” y también la presión se ejercía directamente sobre el detenido, a quien se colocaba en la situación de decidir entre su permanencia en prisión u obtener la libertad a cambio del soborno.
Quiénes son todos los acusados y por qué delitos
Walter Ricardo Bento Vega: asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por quince hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor, a su vez en concurso real con abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
Jaime Andrés Alba Nortes: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de autor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por cuatro hechos.
Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho, con relación a su propia intervención como sobornador.
Juan Ignacio Aliaga Lottero: falso testimonio en calidad de autor.
Luis Francisco Álvarez López: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por un hecho.
Facundo Alzogaray: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Javier Leónidas Angeletti Ratfopol: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cinco hechos, todos a su vez en concurso real.
Alejandro Matías Armayo Ciacera: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real.
Walter Eduardo Bardinella Donoso: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
Martín Rodolfo Bazán Guerra: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho.
Luciano Ezequiel Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
Nahuel Agustín Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
Octavio Billi: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Marta Isabel Boiza Yorino: enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público, y falsedad ideológica por dos hechos, todos en grado de coautora y a su vez todos en concurso real.
Marcos Adrián Calderón Devias: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
Francisco Castro: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Mariano Enrique Castro Hoyos: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
Leandro Emanuel Cirot Maldonado: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
Walter Aníbal Costa Sgró: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Enrique de la Cruz Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Jessica Melisa Miere Reyna: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de partícipe primaria.
Jorge Omar Miranda Anaya: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
Juan Carlos Molina Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
José Gabriel Moschetti Retamales: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con violación de secretos, este a su vez en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público.
Eugenio Javier Nasi Pereira: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
Cristian Oscar Oliva Suárez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
Javier Santos Ortega Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
Luciano Edgardo Ortego Hernández: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en siete hechos, todos a su vez en concurso real.
Leopoldo Antonio Ríos Santander: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
Omar Armando Rodríguez Cichinelli: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
José María Sanguedolce Cadile: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
En el debate intervendrán en representación del MPF la titular de la Fiscalía General N° 2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, María Gloria André; el fiscal general Dante Vega; y el y la fiscal cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta.
El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra. Además, fue nombrada como cuarta magistrada Carolina Prado.
El juicio ya tiene fijadas audiencias para el 27 y el 28 de julio, en turno matutino y vespertino. Está previsto que el juicio tenga tres audiencias semanales cada quince días.
