Puerto Argentino, Islas Malvinas - El nuevo sistemas de
licencias de pesca que otorga el gobierno de las islas Malvinas, que concede permisos por
veinticinco años, ya fue adquirido por quince empresas de distintos países.
La cifra prácticamente se duplicó durante el último año, ya que a mediados de 2006 había ocho
empresas con permisos extendidos.
"Podemos considerar que el nuevo régimen de otorgamiento de derechos de propiedad de pesca ha
sido exitoso. Dentro de poco tendremos quince empresas operando", afirmó John Barton, director del
Departamento de Pesca de las islas.
La legislación pesquera se modificó en 2003, para otorgar al gobierno isleño la facultad de
entregar permisos por 25 años. De ese modo se cambió el régimen vigente hasta entonces, que sólo
permitía autorizaciones por un año.
La nueva norma entró en vigencia parcialmente a fines de 2005, y recién a partir de 2006
estuvo operativa en su totalidad.
La ley establece el sistema de Cupos Individuales Transferibles (Individual Transferable
Quotas, ITQ en inglés), que son adquiridos por las empresas y que después pueden ser
comercializados con otras compañías.
"Las empresas adquieren derechos sobre un porcentaje del total que se pesca, y ese cupo
después puede ser transferido", explicó Barton. En general las empresas que operan son firmas
radicadas en Malvinas que actúan conjuntamente con compañías de otros países, especialmente de
España y Corea.
Según el director de pesca, "el objetivo del cambio de sistema fue garantizarles
previsibilidad y estabilidad a las empresas interesadas en invertir, así como flexibilidad en el
caso de que quieran negociar las cuotas".
El cambio en el régimen pesquero ha sido duramente criticado por el gobierno argentino, que
considera la medida una decisión unilateral que afecta un recurso común como el pesquero.
De hecho, a partir de 2005 la Argentina se retiró de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur,
que reunía dos veces al año a representantes de los gobiernos de Buenos Aires y de Londres (con
participación de los isleños) para debatir aspectos relacionados con la preservación de los
recursos pesqueros.
De acuerdo con las estadísticas del gobierno malvinense, la pesca aporta el 44 por ciento del
producto bruto de las islas, con una contribución neta a través de las licencias que oscila entre
los 16 y los 26 millones de libras esterlinas.
Las principales especies son el calamar Illex, que representa el 49 por ciento de las
extracciones, y el calamar Loligo, que comprende un 23 por ciento de la pesca. También es muy
importante la recolección de merluza negra. Los mercados principales para estos productos son los
países europeos y del sudeste asiático.
Después de la guerra de 1982, los isleños adoptaron algunas recomendaciones del "Informe
económico de las Islas Malvinas", elaborado por el enviado de la Corona Lord Shackleton. Allí se
mencionaba la necesidad de diversificar la economía y promover la pesca.
Como consecuencia, en 1986 se aprobó la primera ley pesquera y el negocio se puso en
movimiento. En 1990 los isleños extendieron la zona de exclusión de 150 a 200 millas náuticas y así
vieron incrementar sus ingresos en forma notable gracias a las licencias.
Sin embargo, el negocio tiene también un componente político, porque el calamar que se pesca
en el sur recorre durante su ciclo de vida un círculo que pasa por aguas en zona de exclusión
isleña, en zona de exclusión argentina y en aguas internacionales.
Los malvinenses cuestionan que la Argentina no contribuye lo necesario en el control de la
pesca y en la preservación del recurso. La cuestión se volvió crítica durante 2004 y 2005, cuando
la merma de los cardúmenes se redujo a mínimos históricos. "Hubo una catastrófica declinación,
producto de razones oceanográficas y también por sobrepesca", sostuvo Barton.
Además, el gobierno argentino y el malvinense tienen la preocupación común de la pesca al
borde de la zona de exclusión establecidas por ambas administraciones, donde se calcula que hay 200
embarcaciones pescando ilimitadamente.