El Gobierno nacional volvió a extender este miércoles hasta fin de año, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la eximición para el pago de contribuciones patronales para los colegios de gestión privados incorporados a la enseñanza oficial, con el objetivo de contener los aumentos de las cuotas, tal como sucede desde 2002.
El DNU, publicado en el Boletín Oficial, se da este año en medio de la fuerte puja con los gremios docentes por la falta de una negociación paritaria federal y que abrió una fuerte polémica por la calidad de la educación pública.
La medida suspende "desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial".
Los considerandos del DNU señalan que la aplicación de las contribuciones patronales "provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país...".
"Tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno Nacional procura evitar sus mayores riesgos", añade.
Según la Ley 24.241 del sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, todos los empleadores privados contribuyen, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con un aporte equivalente al 16 por ciento del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento. En junio de 2001, el entonces gobierno de Fernando De la Rúa adoptó una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de las contribuciones, estableciéndolas en el 20 y en el 16 por ciento, según la categoría de los establecimientos.
Sin embargo, y ante la crisis económica que vivía el país, en agosto de ese mismo año se suspendió la aplicación de esos aportes, situación que se reiteró en 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, y desde 2001, de manera ininterrumpida.
