El Senado convirtió anoche en ley el proyecto que permite a la Justicia obtener de manera compulsiva sangre o cualquier otra muestra de ADN, en aquellos casos que investiguen delitos de lesa humanidad como la apropiaciòn de menores. La norma fue aprobada por 57 votos a favor contra apenas uno en contra, el del legislador salteño Agustín Pérez Alsina.
El radicalismo y el peronismo disidente apoyaron la iniciativa, aunque el radical Luis Naidenoff, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, consideró que "debe existir el derecho al respeto de la privacidad del imputado" y que "ese derecho debe ser resguardado y no lo está en esta media sanción".
La nueva ley deja abierta la duda de hasta donde podrá avanzar la Justicia sin afectar derechos personalísimos, como los de aquellos involucrados en causas de lesa humanidad que no estén interesados en conocer su verdadera identidad. El tema tiene como ejes centrales de ese debate a los hijos adoptivos de la propietaria de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, al punto que muchos vinculan el ímpetu del gobierno K en sacar la norma como parte de la pulseada que lleva adelante con el mayor multimedios del país.
El Senado también convirtió en Ley el proyecto que reconvierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, encargado de los exámenes para identificar a hijos de desaparecidos, en un ente autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esa norma fue sancionada, también por la mayoría de los votos del oficialismo, por 38 a favor y 20 en contra de la oposición.
Además, se habilitó a las asociaciones o fundaciones, consideradas entidades intermedias de la sociedad, a constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados. La flamante Ley recibió el apoyo de 51 votos, mientras que 7 fueron en contra. Los tres proyectos fueron debatidos en conjunto por los senadores durante casi tres horas, aunque se los votó por separado.
Calumnias e injurias. La Cámara Alta también convirtió anoche en ley la eliminación de los delitos de calumnias e injurias del Código Penal. La corte Interamericana de Derechos Humanos había hecho un pedido en ese sentido a la Argentina y representa un reclamo de mucho tiempo de la prensa. La votación se resolvió por unanimidad de los 52 legisladores presentes.
