Un expediente de 600 páginas y un vacío temporal exponen el grado máximo de encubrimiento institucional. A más de un año de la brutal represión frente al Congreso, la querella que representa al fotoperiodista Pablo Grillo sacó a la luz una escandalosa manipulación de las pruebas. Al recibir la transcripción oficial de las comunicaciones de las fuerzas de seguridad correspondientes al 12 de marzo de 2025, los abogados denunciaron que la Policía Federal habría suprimido de los registros los 59 minutos exactos en los que el trabajador de prensa recibió el disparo en la cabeza que lo dejó al borde de la muerte.
La abogada Claudia Cesaroni, quien patrocina a la familia junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue la encargada de visibilizar la maniobra. Durante la lectura del informe, la letrada repasó decenas de páginas con reportes rutinarios y saludos protocolares de los agentes, hasta que detectó un salto abrupto: el texto se cortaba a las 17:00 y se reanudaba inexplicablemente a las 17:59. "Me parecía imposible tal muestra de descaro, de provocación y de caradurez", marcó la representante legal a través de su cuenta de X, y admitió que en un primer momento creyó estar leyendo mal, ante semejante impunidad.
Lo que ocurrió durante ese bache temporal deliberado está probado, según explica, en el expediente judicial. Fue exactamente en esa franja horaria cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una granada de gas lacrimógeno directamente hacia los manifestantes. Las pericias confirmaron que el proyectil viajó a 280 kilómetros por hora en una trayectoria recta y sin rebotes, impactando en la frente de Grillo. El golpe le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, obligándolo a pasar tres meses en terapia intensiva.
Frente a la manipulación de los audios, el entorno del fotógrafo (quien aún transita una compleja rehabilitación) publicó un duro comunicado para exigir respuestas inmediatas. "¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?", cuestionó la familia, denunciando que este nivel de omisión agrava el sufrimiento y es un intento descarado por proteger a los responsables. "El que nada teme nada oculta", sentenciaron, desafiando al Gobierno a transparentar los archivos.
Tras presentar un escrito formal ante la Justicia por la ocultación de estos registros, la querella confirmó que ya cuenta con imágenes del oficial operando el equipo de comunicación durante esa franja horaria. Mientras esperan que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 defina la fecha que Guerrero declare (quien se encuentra procesado y embargado por 203 millones de pesos), Cesaroni dijo que esta nueva provocación no los detendrá en su objetivo de fondo: avanzar sobre las responsabilidades penales de toda la cadena de mando.
Quién es Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza
La violencia sistemática bajo el amparo del protocolo
El brutal ataque que le cambió la vida a Pablo Grillo no fue un hecho aislado, sino la gota que rebalsó el vaso de un despliegue desproporcionado. Aquel día, durante la quinta movilización de jubilados del año, el Ministerio de Seguridad orquestó un operativo masivo que involucró a la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía de la Ciudad. Más de 100 personas terminaron detenidas ese día.
El accionar de los policías encontró su justificación oficial en la aplicación de la resolución 943/23, conocida como el "Protocolo antipiquetes". Desde el CELS advirtieron que esta normativa funciona como un “paraguas inconstitucional” diseñado específicamente para habilitar la criminalización de las organizaciones sociales, forzar la dispersión violenta de las manifestaciones ciudadanas y legitimar el uso desmedido de las fuerzas federales frente al legítimo derecho a la protesta.
A pesar de que la propia Gendarmería cerró su investigación interna en tiempo récord, culpando a la víctima para garantizar la impunidad corporativa, el Poder Judicial desarmó el relato oficial. Al confirmar el procesamiento de Guerrero, la Cámara Federal de Apelaciones ratificó que el gendarme efectuó al menos seis disparos horizontales, violando todos los manuales de procedimiento. En su voto unánime, el juez Roberto Boico remarcó una premisa fundamental que el operativo ignoró por completo: el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la protesta, no de reprimirla.
TC/ML
