El juez federal Norberto Oyarbide rechazó un planteo en su contra presentado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, para que se apartara de la causa de las escuchas telefónicas en la que está imputado junto con el jefe de Gobierno local, Mauricio Macri, con lo cual ratificó que seguirá al frente de la investigación.
Oyarbide rechazó el pedido de inhibición y recusación que presentó en una sola acción Montenegro -citado a declarar como acusado- y el expediente ya fue elevado a la Cámara Federal para que resuelva si confirma el fallo del juez, informaron a DyN fuentes tribunalicias. Montenegro, ex fiscal y ex juez federal, objetó a Oyarbide al sostener que en una causa de hace 13 años había denunciado al magistrado que ahora lo convocó a indagatoria, y que entonces, en base a lo establecido por el Código Procesal Penal, debería dejar el caso.
"Me sorprende el rechazo de hoy. Está claro que tiene que apartarse. El juez debería dar las garantías de imparcialidad que brinda la ley, por eso me sorprende que quiera quedarse con la causa, no sé cuál es la razón", dijo esta noche Montenegro al canal Todo Noticias, tras conocer la decisión del magistrado.
Fuentes judiciales informaron a esta agencia que Oyarbide se pronunció contra el planteo de Montenegro al considerar que "no es procedente la causal" que presentó el funcionario para pedir su apartamiento. El ministro macrista reclamó la inhibición del magistrado pues en 1997, cuando él era fiscal federal, había solicitado la declaración indagatoria del juez en una causa en la que Oyarbide estaba acusado de haber intervenido ilegalmente los teléfonos del abogado Mariano Cúneo Libarona.
Ello se había dado en el marco de un hecho registrado en un club nocturno que tuvo amplia repercusión pública y en el que estuvo involucrado el magistrado que ahora tiene a su cargo los expedientes de las escuchas, de la llamada "mafia de los medicamentos" y del presunto enriquecimiento ilegal del ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, entre otros.
De tal manera, ahora Oyarbide ratificó su decisión de seguir instruyendo el expediente, en el que convocó a indagatoria para el 21 de abril a Montenegro, para el 22 al ex ministro de Educación local Mariano Narodowski y para el 28 a Mauricio Macri. Para buscar apartar a Oyarbide, Montenegro recordó que el artículo 55, inciso octavo, del Código Procesal Penal establece que "el juez deberá inhibirse de conocer en la causa si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o acusado o denunciado por ellos".
El ahora funcionario de la administración Macri fue acusador de Oyarbide, razón por la cual consideró que "se tendrá que apartar y tendrá que continuar otro juez" en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje montada en torno al Gobierno porteño.
Los voceros informaron que en su resolución Oyarbide sostuvo que "el carácter de acusador no es aplicable al fiscal" porque está obligado por su rol a impulsar las denuncias y esa clase de planteos pueden hacerlos los particulares. Además, sostuvo que esos pedidos de inhibición se pueden hacer cuando la investigación está avanzada y en esa denuncia Oyarbide fue sobreseído por el juez federal Claudio Bonadío.
"Lamentablemente nos enteramos esta decisión por los medios, algo a lo que estamos acostumbrados y que no es lo más sano", dijo Montenegro, quien dijo que recurrirá a la Cámara de Casación para que resuelve la situación de Oyarbide. Montenegro fue citado a indagatoria como sospechoso de haber encubierto la presunta asociación ilícita que integraban el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el ex policía federal Ciro James, procesados y presos en la causa, ya que el primero de ellos dependía directamente de su ministerio.
Por el mismo delito fue convocado Narodowski, ya que James estaba contratado por el Ministerio de Educación, aunque aparentemente nunca cumplía funciones allí. En tanto, Macri quien anunció que pedirá una postergación de la audiencia ya que en esa fecha tiene un viaje a la India, fue citado como presunto miembro de una asociación ilícita y por las intervenciones a las líneas de su cuñado, Néstor Leonardo, y del dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA Sergio Burstein.
En la causa se descubrió que empresarios, abogados y otras personas fueron víctimas de una maniobra mediante la cual desde la Justicia de Misiones se autorizaba la intervención de sus líneas en causas judiciales en las que no estaban sospechados. Se detectó que los pedidos partieron de James, que revistaba como empleado del Ministerio de Educación local y pretendía ingresar a la Policía Metropolitana de la mano de Palacios, con quien había trabajado en la Policía Federal.
En la causa están procesados policías de alto rango de Misiones y una secretaria judicial, mientras que los jueces penales de esa provincia Horacio Gallardo y José Luis Rey afrontan un juicio político por haber autorizado las escuchas.
Fuente: DYN
