La causa por los ingresos a Olivos en plena vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) seguirá su curso está semana con dos definiciones claves que deberán tomar tanto el juez Sebastián Casanello como el fiscal Ramiro González. El pedido de inconstitucionalidad que hizo una de las invitadas y la presentación de Alberto Fernández sobre la inexistencia de delito tendrán una rápida definición.
El martes próximo vence el plazo para que Casanello se pronuncie por la declaración de inconstitucionalidad de los DNU del Presidente que fijaron el ASPO, presentación que hizo Marcelo D’Alessandro como abogado defensor de Stefanía Domínguez. Lo más probable, según se descuenta en los tribunales, es que el juez rechace ese reclamo.
También esta semana empezará a resolverse el primero de los dos puntos que planteó Alberto Fernández en su escrito. Interpuso una “excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad”, en línea con su argumento de que no hubo delito en el festejo de cumpleaños por no haberse consumado ningún riesgo sanitario para los presentes. Si el juez, luego de escuchar a todas las partes, acepta esa postura, significaría el cierre de la causa.
Si se rechaza, ahí empezará a evaluarse el otro pedido que hizo, que es el de pagar una reparación (4 cuotas de la mitad de su sueldo, que sería poco más de 600 mil pesos). Allí, el derrotero es más dudoso.
Todas estas definiciones, además, se darán mientras sigue la expectativa de qué hará la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien ya pidió tener vista del expediente (por tratarse de un delito cometido en su jurisdicción) pero aun no pidió quedarse con la investigación.
