Los gremios estatales de Santa Cruz se declararon en estado de "alerta y movilización" luego que el gobierno provincial anunció que buscará reformar la ley previsional y ante la inminente renegociación de contratos petroleros con las empresas del sector, a lo que los empleados públicos de oponen.
Este anuncio se produce un día después que las misma Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso de investidura, cuestionara las medidas de fuerza en Santa Cruz. "Esa huelga que se prolongó por meses, en la que por primera vez sectores docentes tomaron yacimientos, le significó al país una pérdida por día de más de 10 millones de dólares, y todo el conflicto, más de 800 millones de pesos".
La resolución de los gremialistas fue definida durante un plenario de trabajadores realizado ayer en la localidad de Las Heras, en el norte provincial, y cuya convocatoria partió del gremio de docentes, ADOSAC.
El gobierno santacruceño anunció que tendrá que "rever" el sistema jubilatorio provincial, porque 2011 cerrará con un "déficit en las cuentas previsionales de 1.100 millones de pesos".
De este monto, según el gobernador Daniel Peralta, 800 millones de pesos fueron financiados por las arcas provinciales. En cuanto a la prórroga de contratos petroleros, el gobierno local está ultimando los detalles para firmar la renegociación con YPF, la principal empresa operadora en Santa Cruz.
No va más. Durante el encuentro sindical, al que asistieron referentes del sector docente, de los trabajadores de hospitales, municipales, empleados provinciales y grupos de desocupados, fue declarada "la continuidad de la lucha ante la posibilidad de una nueva modificación de la ley de previsión social, como así también la pretensión de renegociar los contratos de las áreas petroleras".
En un documento expresaron, además, "el rechazo a la sistemática criminalización de la protesta social como forma de disciplinamiento en el intento de descargar un paquete de medidas de ajuste, aplicando una política con el Código Penal en la mano".
Los gremios estatales, en su mayoría agrupados en la CTA de Santa Cruz, exigieron "el desprocesamiento de todos los compañeros que luchan por sus derechos, en particular la inmediata liberación del compañero petrolero Víctor Oñate", acusado de liderar la toma de una planta petrolera en Las Heras a mediados de este año, según informó DyN.
Los sindicatos también rechazaron el nombramiento de Aníbal Billoni como presidente del Consejo Provincial de Educación, ya que lo consideran "autor de la prórroga de los contratos petroleros con Panamerican Energy". Asimismo, dijeron, es quien "avalara públicamente el accionar de la patota sindical el 16 de diciembre de 2010 frente a la Cámara de Diputados", cuando estatales que se expresaban contra la reforma previsional fueron agredidos por integrantes de la UOCRA.
