Un fuerte reclamo efectuado por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA fue presentado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que acusa al gobierno de Néstor Kirchner de "no avanzar en la reforma a la Ley de Inteligencia para transparentar el uso de fondos de la SIDE”.
En una audiencia celebrada por la CIDH, los familiares "reconocieron los progresos" de la Justicia en la investigación de ilícitos que habrían impedido esclarecer el atentado, pero señalaron que el gobierno no cumplió con la totalidad de los compromisos contraídos en Washington durante 2005, cuando el Estado asumió responsabilidades en el posible encubrimiento del ataque.
Representantes de la CIDH viajarían en diciembre a la Argentina para monitorear el caso, dado que los familiares resaltaron que sigue "pendiente la obligación del Estado argentino de esclarecer" el atentado.
Como hechos positivos, Diana Malamud -que perdió a su esposo en el atentado- y el abogado Pablo Jacoby, señalaron el procesamiento que el juez federal Ariel Lijo dictó, entre otros, al ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, a los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y al ex doblador de autos Carlos Telleldín.
Lijo investiga el pago de 400 mil dólares que el Estado efectuó a Telleldín cuando el beneficiario de esos fondos -aportados por la SIDE- incriminó en el ataque, en 1996, a policías bonaerenses, que tras ocho años de cárcel fueron absueltos por un tribunal oral.
Sin embargo, los familiares señalaron a la CIDH que "no se han demostrado avances en la reforma a la Ley de Inteligencia que tiene como objeto transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la SIDE y facilitar el acceso" de la Justicia a registros del organismo.
"Un mensaje claro hacia el Estado argentino para que cumpla con la principal obligación contraída en Washington: el esclarecimiento del atentado", reclamó Malamud a la CIDH, y agregó que "aún hoy no ha arribado a resultados concretos sobre las responsabilidades materiales e intelectuales del hecho", expresó en referencia a la intervención de una comisión especial del Ministerio de Justicia en la investigación del atentado.
La información fue difundida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es uno de los representantes de los peticionarios ante la CIDH y participó de la audiencia junto a Memoria Activa, el CEJIL y delegados del propio gobierno de Kirchner.
Un comunicado del CELS indicó que "el comisionado Florentín Meléndez manifestó que la Comisión 'está evaluando realizar una visita de trabajo a la Argentina en el mes de diciembre, oportunidad en la cual se evaluarán los puntos aún pendientes de cumplimiento".
