El Gobierno de Alberto Fernández tendrá como caballito de batalla reactivar el consumo que viene en caída libre hace cuatro años, y en 2019 mostrará una retracción del 7% según estimaciones privadas. Se buscará poner plata en el bolsillo a los sectores más golpeados por una galopante inflación que este año finalizará en torno al 55%, la más alta desde 1991. Según trascendió, el impacto de ese plan sería de 0,55% del PBI.
Con el mismo fin también se trabaja en medidas en materia de precios, aunque Fernández ya descartó un congelamiento. Ayer los equipos económicos se reunieron con las segundas líneas, que todavía no fueron oficializadas, para delinear los primeros anuncios.
Para consumo y precios plantea una mejora de ingresos. Fernández anunció el viernes que “en los primeros días después de asumir nos estaremos ocupando” de mejorar el ingreso “para jubilados, (los sectores de) salarios más bajos, y empleados públicos”.
*Se otorgará una suba salarial a través de una suma fija. Según las primeras estimaciones, el impacto del anuncio sería de 0,55% del PBI. El economista Rodrigo Alvarez, de Analytica, explicó que “eso se volcaría íntegramente al consumo, por lo que lleva el costo fiscal neto a 0,3% del PBI”.
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Precios Cuidados, por su parte, volverá a sus raíces. Fuentes del sector de supermercados dijeron a PERFIL que tuvieron conversaciones con referentes económicos del albertismo y “la idea es mantener” ese plan, pero “reformularlo, achicando la canasta para que sean menos productos para garantizar los stocks”. Y se buscará “que sean productos de primeras marcas, y de segunda o tercera como hay hoy para lograr que ese precio funcione realmente como referencia, y pise el resto de los valores de los productos que incluso no forman parte del programa”. En sus orígenes, el plan nació con 196 precios de referencia, y hoy son cerca de quinientos. El número manejable de productos sería de entre 250 y 350 referencias de productos.
A eso se suma la tarjeta alimentaria, de banco público (sería de Banco Nación) donde se acreditará un monto que se recargará todos los meses para la compra de alimentos en los sectores más vulnerables. Se arrancará por las madres con hijos menores de seis años. El Estado, además, devolverá el IVA en la compra de alimentos saludables que integran la canasta básica para fomentar una política nutricional.
Fernández adelantó que “se van a revisar precios de alimentos y medicamentos para que los argentinos no sigan padeciendo”. El futuro mandatario reprochó que en los últimos meses sectores de la economía “han desatado precios indiscriminadamente tratando de preservarse de lo que piensan puede ser un congelamiento de precios, y en verdad, no necesitamos ni congelar precios ni irresponsables que aumentan precios por las dudas”.
Tarifas. En un contexto electoral y ante la devaluación y aceleración inflacionaria, el gobierno de Macri congeló las tarifas. La nueva gestión deberá definir un nuevo ajuste. La intención es que las facturas que lleguen a los hogares no superen la inflación, con lo cual se estima que en el primer año el aumento rondaría entre 35% y 40%.
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Se buscará “desdolarizar” las tarifas. Es una variable crucial porque además de impactar en las expectativas de inflación y los costos de la energía para las compañías, el valor de los servicios públicos que pagan los hogares define cuánto dinero pondrá el Estado en subsidios.
Retenciones. Los economistas dicen que es “ficha fija” que habrá una suba de retenciones a las exportaciones de cereales para reforzar las arcas fiscales. Reemplazar el esquema de $ 4 por dólar exportado que se implementó en enero de 2018 y volver al sistema de un porcentaje fijo. En Bull Market Brokers calcularon subir la alícuota a 35% para la soja, 20% al trigo, y 15% al maíz implicaría una recaudación extra al año de US$ 1.800 millones. Guido Lorenzo, de LCG, estimó que “si se regresa al esquema de 2015 eso da ingresos del 0,6% del PBI”.
Créditos. Para el sector productivo, volverían las líneas de financiamiento donde la negociación con bancos pasa por la baja del porcentaje de depósitos que se deben inmovilizar, los encajes.
También se prevé una baja de tasas. Hoy el piso de la tasa de referencia monetaria es de 63%, pero en el sistema financiero creen que el gobierno de Alberto las bajará para fomentar los préstamos a las familias. Si quedan por debajo de la inflación desincentivan los plazos fijos.
En control de comercio, regresarían las licencias no automáticas para las importaciones. Buscan arbitrar una “protección inteligente”.
El cepo podría endurecerse vía aplicar un recargo a las compras con tarjetas de crédito en el exterior, como existió en el anterior control cambiario de la gestión kichnerista.
