El ex ministro de Educación y actual diputado nacional Alejandro Finocchiaro presentó un proyecto de ley para declarar servicio estratégico esencial a todos los niveles de la educación obligatoria, con el objetivo de garantizar las jornadas de clase aún cuando haya paros o medidas de fuerza de los docentes.
La iniciativa, que lleva el nombre de Ley de Continuidad del Aprendizaje y Derechos que Protege la Escuela, establece la creación de guardias docentes y no docentes, que deben llegar al 50% de la dotación de la escuela en días de huelga para que los establecimientos “permanezcan abiertos y en condiciones de continuar con la trayectoria educativa de los alumnos”.
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“El personal previamente informado como integrante de la guardia al inicio del ciclo lectivo no podrá participar de medidas de fuerza en los días asignados”, propone el proyecto que impulsa el legislador de Juntos por el Cambio, y que tiene el apoyo del expresidente Mauricio Macri, quien habló a favor de la iniciativa en sus redes sociales.
“Una escuela cerrada es una barrera que viola lo que dispone la Constitución Nacional. Esta iniciativa pretende que, en la práctica, confirmemos lo que se declama. La única manera de posibilitar el desarrollo individual de cada uno de los estudiantes y tener un destino como sociedad es superar la tragedia educativa que nos toca vivir”, expresó Finocchiaro.
En esa línea, agregó que “para eso hay que tener clases, todos los días”. “Tenemos que asegurar cada jornada. Hacerlo es defender a los alumnos, cuidar su futuro y el de sus familias”.
En palabras del ex ministro de Macri, “sin dudas el apagón educativo demostró a todos que la presencialidad escolar es la instancia en la que los chicos acceden a un sinnúmero de derechos. El primero de ellos es el aprender, pero las aulas también garantizan otros que tienen que ver con la salud integral, con el desarrollo socio-afectivo, con la construcción de ciudadanía plena, con la protección y el cuidado que los adultos les debemos a los menores de edad”.
En la iniciativa se argumenta que la Constitución Nacional en su artículo 14 garantiza el pleno derecho a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades, y que la educación “goza oficialmente de la condición de derecho humano desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948”.
Carla Carrizo, diputada nacional Evolución radical y quien acompaña el proyecto, opinó que la educación presencial “es irremplazable y es fundamental para enfrentar la pobreza y las enormes brechas de desigualdad y exclusión”. “Hablar de la esencialidad de la educación tiene que ver con reconocer que el Estado debe ponderar primero los intereses de niños y adolescentes, y luego los del resto de los adultos, laborales, salariales, gremiales", sumó Carrizo.
Qué propone el proyecto de ley para cumplir con los días del calendario obligatorio
En primer lugar, señala que el calendario escolar es de obligatorio cumplimiento en forma presencial y será responsabilidad de las jurisdicciones conseguirlo como “piso”.
“Para concretarlo, se plantea la creación de guardias docentes y no docentes que deberá implementar la dirección de cada uno de los establecimientos escolares de los tres niveles obligatorios. Esas guardias sostendrán el proceso educativo en los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente durante el ciclo lectivo”, propone.
El proyecto establece que a esas guardias las integrará el 50% de la dotación de docentes, auxiliares y directivos “a los efectos de que el establecimiento permanezca abierto y en condiciones de continuar con la trayectoria educativa de los alumnos”.
En caso de que no se llegara a cumplimentar el calendario, señala, “serán las jurisdicciones o los establecimientos afectados los encargados de instrumentar lo necesario para alcanzar los días de clases presenciales previstos en el receso de invierno o en diciembre”.
En tanto, promueve que el Consejo Federal de Educación sea quien fije las medidas necesarias para que las provincias “dispongan la organización de las instituciones educativas de acuerdo a los nuevos criterios generales, que se adecuarán a los niveles y modalidades educativas”.
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