El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció que Aeropuertos Argentina 2000 violó “burdamente” sus obligaciones con el Estado y le pidió al presidente Néstor Kirchner que no avale el nuevo contrato de concesión que el Congreso aprobó el 13 de febrero pasado.
Según la investigación de Garrido, la empresa que controla los 32 principales aeropuertos del país, adeuda más de 1.900 millones de pesos por cánones impagos e incurrió en un “total incumplimiento del plan de inversiones” acordado en 1998 cuando ganó la licitación.
A modo de consejo, el fiscal nacional le recomendó al Poder ejecutivo y al Congreso que frenen la firma de la renovación de la concesión, hoy en manos de Kirchner, porque beneficia de manera “exorbitante” a AA2000.
El Gobierno acordó en el nuevo convenio perdonarle de la deuda que mantenía la empresa con el Fisco a cambio de una participación del 20 por ciento en la explotación de los aeropuertos.
Esta pautas que benefician claramente a AA2000 fueron pactadas en un acto acuerdo entre la representantes de la concesionaria y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) que dirigen los ministros Julio De Vido y Felisa Miceli.
En la renegociación también se redujo en casi 800 millones de pesos el monto de deuda real de la firma que controla Eduardo Eurnekian, se apaciguó el futuro plan de inversiones y se estableció que sea el Estado el responsable de esos desembolsos.
Además, se acordó que la tasa interna de retorno que determina las ganancias será de 16,46 por ciento, lo que representa, según el informe “la más alta en la que se ha previsto en la mayoría de los contratos recientemente negociados o suscriptos por el Estado”. Para el fiscal, se trata de una "claudicación injustificada" del Estado ante AA 2000.
Garrido sostiene que los incumplimientos de obligaciones le sirvieron a la compañía como un método de “presión para obtener la renegociación que desde el inicio de la concesión ha intentado conseguir”.
El trabajo del fiscal -revelado por el matutino La Nación- es tajante en la responsabilidad del Gobierno. “Existen sobrados elementos que le hubieran permitido al Estado rescindir el contrato por culpa del concesionario y ejecutar las garantías”. Y agregó: "Con el Correo el Estado optó por no aplicar el derechos, ahora, por obviar los incumplimientos”.
El incumplimiento señalado por Garrido se produjo no bien la empresa de Eduardo Eurnekian se hizo cargo de la concesión, en 1998. A tres años del inicio contrato, antes de la devaluación, la concesionaria sólo había cumplido con 6 por ciento de las inversiones prometidas.
La devaluación permitió a la empresa pesificar sus deudas, en tanto que los ingresos que recibió se dolarizó producto de las tasas internacionales que recibió de parte de las aerolíneas, según el dictamen.
La renegociación del contrato fue aprobada en el Congreso con el apoyo del kirchnerismo y críticas de la oposición, que incluso sugirió, mediante uno de sus integrantes, un intento de gratificación por parte de la firma a legisladores.
