El rumor circulaba desde hace dos semanas, pero recién ayer la gobernadora María Eugenia Vidal decidió oficializar a través del Boletín Oficial la decisión de congelar por un año los nombramientos en la administración pública. Desde la Gobernación, se justificó esta medida con el objetivo y la necesidad de “sanear el déficit fiscal” y “preservar el equilibrio presupuestario”, pero este argumento no alcanzó para acallar las críticas y los cuestionamientos de distintas agrupaciones gremiales. El decreto exceptúa al personal docente y a los auxiliares de la educación, parte de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario. “Están queriendo realizar una reforma estructural en el Estado que apunta a moldearlo aún más al servicio de los sectores más concentrados, precarizando las relaciones laborales”, denunció el secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. Desde ATE se viene denunciando que esta medida completa un “combo de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial”. También se congelan “las vacantes que se van produciendo en las distintas jurisdicciones y la suspensión de designaciones transitorias”.
