En línea con la denuncia Alberto Fernández, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, presentó un proyecto de resolución en el cual solicita a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que promuevan acciones de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en los acuerdos de la deuda de 57 mil millones de dólares con el FMI.
José Luis Gioja considera que el Poder Ejecutivo entonces encabezado por Mauricio Macri, “eludió los controles parlamentarios, dadas esas irregularidades constitucionales, legales y procedimentales” en relación a la toma de duda.
“Estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018”, expresa en los considerandos del proyecto presentado por el diputado.
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En la argumentación de la iniciativa, el sanjuanino apela a la aplicación de la Ley de Administración Financiera, cuyo Artículo 113 establece que “los funcionarios responderán de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.
José Luis Gioja cita, además, la ley 26.944 de Responsabilidad del Estado Nacional, que establece: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”.
Según consignó el sitio Parlamentario, el legislador por el peronismo de San Juan finaliza la iniciativa al pedir que, “atento al plazo de prescripción fijado en el artículo 9 de la ley 26.944, tanto el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción como la Sindicatura General de la Nación se aboquen de inmediato a esta cuestión”.
AB/FF
