El Gobierno nacional intervino este martes 23 de abril el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Puertos del Bajo Paraná y Delta del Paraná por "una situación de estado de acefalía". Se trata del sindicato creado en 2006, cuyo secretario general era Héctor "Piru" Rojas. Las autoridades elegidas en las últimas elecciones internas no habrían sido registradas ni reconocidas por el Ministerio de Producción y Trabajo y por eso la cartera conducida por Dante Sica designó al ex secretario de Fronteras Luis Green como interventor del gremio
A través de la resolución 255/2019, publicada en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales señaló que "si bien la entidad sindical ha llevado a cabo desde el año 2013 dos procesos electorales, sus candidatos no han sido registrados por esta autoridad ni reconocidos como autoridades electas de la comisión directiva" del gremio.
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"La entidad sindical no ha dado debido cumplimiento a las intimaciones referentes a recaudos imprescindibles que se les formulara, a los fines de verificar que el proceso electoral se haya llevado a cabo cumpliendo la normativa impuesta tanto por la Ley N° 23.551, su Decreto Reglamentario N° 467/88, y el Estatuto Social de la entidad gremial", agrega la norma.
La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales "sostuvo que no puede dársele eficacia jurídica a la presentación efectuada, deviniendo ello en una situación de estado de acefalía de la entidad sindical". Tras esto, definió la intervención del sindicato portuario.
"Piru" Rojas tenía mandato hasta 2021 como secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Puertos del Bajo Paraná y Delta del Paraná, que reúne a trabajadores de puertos como los de Zárate-Campana y Concepción del Uruguay, entre otros, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
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El sindicalista también se desempeñaba como secretario de Organización de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (Fempinra). A principios de 2019, una resolución judicial para avanzar en la cancelación de la personería gremial del SUPA, por una causa de quiebra iniciada a fines de la década del 1990, generó polémica.
La decisión de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial recibió fuertes críticas en el ámbito jurídico laboral y fue calificada como “ilegal y arbitraria” por parte del sindicato portuario.
A.B./F.F.
