El juez federal N° 2 Alejandro Sánchez Freytes recibió el informe solicitado al Tribunal de Tasación de la Nación presidido por el ingeniero Darío Guiltelman sobre el valor real que tienen los cinco lotes que el Sindicato de Camioneros compró en 2013 en La Falda. Por esa transacción, se encuentra imputado el líder sindical Hugo Moyano junto a otras cuatro personas.
En el documento que ya se encuentra en poder del magistrado estiman que la valuación de las tierras en su conjunto es de $4,1 millones, cifra superior a la que arrojó la primera pericia oficial, que fijó el valor en $3 millones.
El gremio, por su parte, había declarado que pagó $6 millones y la pericia de parte valuó los lotes en poco más de $7 millones. Ambas cifras contrastan con la valuación fiscal de $964.553.
De hecho, la dispersión de números fue lo que motivó a Sánchez Freytes a obtener un dictamen del Tribunal de Tasación de la Nación, que se considera una nueva pericia oficial.
Esa cifra es clave. Permitirá develar si existió o no una defraudación al sindicato que lidera Moyano. Es decir, si el dinero que se utilizó para comprar los inmuebles terminaron perjudicando sus arcas. Si se cae la figura de defraudación, también caerá la de lavado de activos, porque en ese caso tendrá justificación el monto que se pagó. Testimonios.
Para tener mayores certezas del contexto en el cual se decidió la transacción, Sánchez Freytes decidió incorporar una serie de testimonios. Ya declaró el administrador del hotel que Camioneros posee en La Falda para sus afiliados. Y también han sido convocados empleados del gremio con sede en Buenos Aires con el fin de conocer detalles significativos sobre qué motivó la decisión de adquirir los lotes.
La defensa de Hugo Moyano sostuvo que el monto pagado se justificó no solo por el valor de la tierra sino, particularmente, por resultar una operación ventajosa al neutralizar otros emprendimientos que podrían causar molestias a los huéspedes del hotel, tales como locales bailables u otros negocios. Incluso adujo, que se pagó menos de lo que en realidad valían.
Todas esas especulaciones entrarán en el análisis del juez para determinar si hubo fraude; si los $6 millones que se pagaron encuentran una explicación lógica.
Informe de la UIF. La causa se inició por un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir del alerta emitido por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba, que debe informar sobre operaciones que podrían encubrir lavado de activos. En marzo de 2014 se elevó al organismo nacional un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Allí se informaba que el Sindicato de Camioneros había comprado cinco lotes de entre 267 y 360 m2 cada uno, que suman 1.490 m2 en total.
Según la denuncia, el titular de los terrenos era Jorge Cappucchio, quien los vendió a la empresa Kiano SA el 11 de octubre de 2013 por $309 mil. En el directorio de Kiano figuraba también Cappucchio. En menos de una semana los mismos lotes fueron adquiridos por Carlos Mesías, quien pagó $500 mil. Finalmente, el Sindicato de Camioneros (representado por Hugo Moyano y Pablo Villegas) pagó $6 millones el 5 de diciembre de 2013 por las mismas tierras.
Sobre esos elementos, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano imputó por los delitos de defraudación y lavado de activos a Cappucchio, Mesías, Villegas, Moyano y Enrique Mariñansky, este último representante de la firma Kiano SA Una vez finalizados los testimonios, el juez resolverá la situación procesal de los cinco imputados, a quienes podría caberles el procesamiento, o podría inclinarse por su sobreseimiento o falta de mérito.
