El gobierno de la Provincia de La Rioja desmintió lo que calificó como "graves e infundadas acusaciones" de la intendenta de la capital provincial, Inés Brizuela y Doria, hacia el gobernador Ricardo Quintela.
La intendenta radical había acusado a Quintela de "un intento de secuestro de un camión batea del municipio por parte de cuatro sujetos, supuestos empleados municipales".
La respuesta del gobierno provincial llegó después de "reiteradas denuncias públicas vertidas por la intendenta de la capital intentando trasladar un conflicto interno que ella misma generó nombrando personal sin contar con los recursos correspondientes".
"Las noticias falsas que los medios esgrimen amparándose en las denuncias de una funcionaria pública, son operaciones políticas deliberadas que promueve la intendenta radical-macrista", se defendió el gobierno riojano.
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"Estas operaciones se enmarcan en un conflicto generado por ella misma. El mismo se originó en la previa de las elecciones del pasado 14 de noviembre, cuando decidió firmar los decretos de pases a planta permanente, sin previsión presupuestaria, de alrededor de 3000 trabajadores del Programa de Empleo Municipal (PEM). Estos empleados llevan tres meses sin sus asignaciones y tampoco cobran sus su sueldo como trabajadores de planta. Dada esta situación, los mismos empleados iniciaron un plan de lucha que incluye la toma de lugares de trabajo en distintas dependencias, entre estas la base del servicio de recolección de basura", detallaron en el comunicado oficial.
Y advirtieron que la intendenta usó videos de los supuestos "delincuentes" que serían "empleados municipales".
Asimismo, cargó contra Brizuela y Doria por "victimizarse" en los medios y por las masivas firmas de pases a planta permanente en el marco de la campaña.
"En su momento, días previos a las elecciones, la intendenta orientó a estos mismos trabajadores a llevar a cabo un reclamo que terminó con destrozos en la Residencia de Gobernadores y hasta bloquearon el ingreso y la salida de la Casa de Gobierno en el Centro de la ciudad, reclamando los fondos de coparticipación. Al parecer la Intendenta desconoce una Ley que se sancionó en la Legislatura local en el año 2015 siendo ella diputada", denunciaron.
Por último, concluyeron que "estos empleados precarizados, que movilizaron en los días previos a las elecciones contra el oficialismo, hoy le reclaman el pago de los que les prometió. Desde el Gobierno provincial negamos cualquier tipo de participación en la interna municipal y continuamos asegurando la transferencia de recursos al municipio conforme a lo que establece la Ley".
JD / ds
