El juez federal Claudio Bonadío le concedió la apelación a la defensa del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la causa que investiga si hubo abuso de autoridad por parte del funcionario, a raíz de la multa de 500 mil pesos que impuso a la consultora "Finosoport" que difundía mediciones de inflación superiores en más del 100 por ciento a las del Indec.
Ahora, fuentes judiciales citadas por la agencia DyN confirmaron que la Sala II de la Cámara Federal, compuesta por Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah, deberán fijar una audiencia oral con las partes y luego resolver si confirman el procesamiento que dictó Bonadío –lo que dejaría a Moreno cerca de ir a juicio oral– o lo revocan y dictan sobreseimiento.
El 17 de septiembre pasado, el funcionario kirchnerista quedó procesado por el delito de "abuso de autoridad". Además, el juez Bonadio incluyó un embargo de 50 mil pesos sobre los bienes de Moreno.
También fueron procesados y embargados dos subordinados a Moreno: el director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro y el director nacional de Lealtad comercial, Adalberto Guillermo Rotella, en tanto que un tercero, Guillermo David, resultó sobreseído.
Los delitos que el juez imputa a Moreno y dos de sus colaboradores llevan, en el Código Penal de la Nación, una "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo".
Para el juez, Moreno y sus segundos quisieron "silenciar a Finsoport SA", perteneciente al exministro de Economía Jorge Todesca, "de publicar índices que elaboraban" y para ello "excedieron las facultades de las cuales disponían" y "sin mesura alguna en cuanto al medio elegido".
"La arbitrariedad de los funcionarios y su intención maliciosa también se trasluce en la violación al derecho de los particulares a exponer sus opiniones, que no es otro que el derecho a la libertad de expresión", añadió el magistrado en el fallo.
Según Moreno, fueron las consultoras las que cometieron una maniobra desleal con sus índices. Las consultoras fueron denunciadas por el delito de agiotaje, una forma de abuso comercial, que se tramitan en el fuero Penal Económico y en las que Moreno fue aceptado como querellante.
