El empresario kirchnerista Lázaro Antonio Báez y su hijo Martín Antonio fueron imputados ayer por la Justicia en la causa por el presunto lavado de dinero de fondos públicos girados al exterior a través de una red de empresas creadas para ese fin.
En un dictamen en el que cuestionó en duros términos el trabajo realizado en la causa por la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el fiscal federal Guillermo Marijuán amplió la investigación a los Báez, como así también al contador Daniel Rodolfo Pérez Gadín y a Fabián Virgilio Rossi, esposa de la actriz y vedette Ileana Calabró, quienes hasta ahora no estaban siendo investigados a pesar de su vinculación pública con los hechos.
Marijuán pidió una veintena de medidas de prueba y el juez de la causa, Sebastián Casanello, ordenó el allanamiento de la casa del financista Federico Elaskar, en el edificio Madero Center, en Juana Manso 555 de Puerto Madero, donde también funcionaba SGI, la financiera conocida como “La Rosadita” y desde donde se habría sacado el dinero del país, y que ya había sido allanada el 18 de abril.
En busca de la ruta del dinero que habría sido sacado del país, el fiscal lo orientó a nuevos países que hasta ahora no figuraban en la pesquisa como España, Inglaterra e Irlanda, que se suman a Panamá, Belice, Suiza y Uruguay donde habría ido parte de los fondos.
Hasta ayer en la causa solo estaban imputados el contador Leonardo Fariña y Elaskar –primer dueño de SGI– quienes en el programa de televisión Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, denunciaron la operatoria de lavado, acusaron a Báez y argumentaron que todo era conocido por el ex presidente Néstor Kirchner, aunque después se desdijeron.
Fariña y Elaskar fueron acusados con un pedido de indagatoria por ocho Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que no podía justificar y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) por parte del fiscal Ramiro González –quien reemplazó a Marijuán en el inicio de la causa– y de Carlos Gonella y Omar Orsi, titulares de la Procelac, donde fueron designados por la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Marijuán amplió la imputación sobre la base de cinco denuncias surgidas del programa de Lanata y sostuvo que vio con “enorme sorpresa y desagrado” la falta de acusación a los Báez y el resto de los implicados.
El fiscal acusó a Gonella y Orsi de parcializar la investigación, de actuar más como defensores particulares que como fiscales y dijo que son “supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero”.
Marijuán imputó la semana pasada a Gils Carbó por presuntas designaciones irregulares de fiscales ad hoc, entre ellas la de Gonella.
“¿Qué es lo que ha aportado la Procelac en pos de esclarecer y dar rapidez a la investigación? Nada es mi respuesta obviamente”, dijo el fiscal.
Desde la Procuración General defendieron la Procelac: señalaron que inició una actuación interna tras el programa de Lanata y que en base a información de organismos públicos requirió la indagatoria de Fariña y Elaskar.
El requerimiento de Marijuán se basó en el programa donde Fariña y Elaskar dijeron que sacaron del país unos 55 millones a través de cincuenta sociedades off shore y que se trataba de dinero “negro” de Báez.
Según los dichos, la plata la sacaba Fariña en dos aviones –uno propiedad de Báez, de matrícula LV-ZSZ– desde Santa Cruz o San Fernando con destino a Uruguay.
Una de las empresas fantasma sería Teegan, a nombre de Martín Báez, creada en Belice y con cuenta en el banco Lombard Odier de Suiza, que ya está siendo investigada por la Justicia de ese país, que pedirá colaboración a los tribunales locales.
En tanto, Rossi figura como quien actuaba en Panamá, por sus vínculos con el ex embajador Jorge Arguindegui, creando las sociedades y manejando el dinero de las off shore.
Por último, Pérez Gadín, un contador allegado a Báez, se quedó con SGI, a la que rebautizó “Helvetic Services Group SA”, y Elaskar dijo que le dio la empresa tras amenazarlo de muerte por la información que tenía sobre el empresario kirchnerista.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario y Báez designó esta semana como abogado a Gabriel Gandolfo, quien supo ser defensor del banquero Raúl Moneta.
Además, Báez querelló penalmente por calumnias a Fariña y Elaskar por las denuncias públicas que hicieron.
