Luego de conocerse la decisión del juez Claudio Bonadio de no compartir la información recabada en la causa de “los cuadernos de las coimas”, a través de las declaraciones de los arrepentidos en el expediente, con magistrados que llevan adelante otras causas, la Oficina Anticorrupción (OA) apeló la medida. Tal como reveló PERFIL este fin de semana, dos jueces de Comodoro Py habían solicitado a Bonadio las copias de las declaraciones de al menos cuatro imputados que admitieron haber ordenado o ejecutado el pago de sobornos al ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta. Bonadio argumentó que los arrepentidos admitieron la comisión de delitos en el marco de un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli a cambio de la reducción de penas o la excarcelación en la causa de los cuadernos, y que el mismo no contempla que las confesiones puedan ser utilizadas como prueba en otros expedientes.
Para la OA, a la hora de apelar la medida dispuesta por el magistrado, la resolución de Bonadio tiene “como consecuencia la restricción del uso de información y evidencia que surge de los arrepentidos a este proceso, afectando de manera directa a aquellas causas en que la información puede ser de utilidad para el descubrimiento de la verdad”.
Como explicó PERFIL este fin de semana, los jueces Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi buscaban incorporar estos testimonios a otras investigaciones por coimas en el marco del caso Odebrecht: la causa por irregularidades y sobornos en dos obras de la empresa estatal de aguas Aysa y el expediente por irregularidades y coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Parte de las declaraciones en la mira son la de Carlos Wagner (dueño de Esuco y ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Aldo Roggio (ex titular de Grupo Roggio y Metrovías), Angelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa) y Javier Héctor Sánchez Caballero (ex ejecutivo de Iecsa). Los tres primeros fueron procesados por asociación ilícita y cohecho en la causa de los cuadernos. En el caso de Sánchez Caballero, aunque confesó el pago de sobornos, el juez Bonadio le dictó una falta de mérito.
En el escrito presentado por la OA se aclara que el organismo es querellante en ocho investigaciones en los que la información recolectada en los acuerdos, "resulta de relevancia para el esclarecimiento de la verdad"- Y recalcan que en muchos de esas investigaciones, "las autoridades judiciales actuantes han requerido formalmente a V.S la remisión de copias de los legajos, mientras que en otros casos esta querella ha impulsado tal solicitud”. Los casos en los que tiene parte la OA y que los magistrados pidieron la información son el que involucra a CFK en Obra Pública, el de las plantas potabilizadoras de Aysa, los que involucran al empresario Lázaro Báez, por un lado, y a sus pares Cristóbal López y Fabián De Sousa por otro, así como el de la construcción de los gasoductos del norte y sur del país y el del soterramiento del tren Sarmiento.
“Esta querella, en su rol institucional como representante del Estado Nacional en causas de corrupción acaecidas en el ámbito de la Administración Pública Nacional, al igual que cualquiera otra parte, tiene el derecho de contar con todos los medios de prueba legalmente obtenidos”, sostuvo la querella del organismo. Y agregaron que: “el art. 206 del código de forma establece el principio de la libertad probatoria. Obviamente existen restricciones de orden legal a la producción de cierta prueba, estableciendo el ordenamiento procesal cuándo no es posible utilizar algún medio de prueba, ya sea por su obtención ilegal u otros factores, situación que no se advierte en el supuesto de la información brindada por un arrepentido”.
Por eso mismo sostuvieron que, “en este sentido, la resolución de VS afecta el derecho de la Oficina Anticorrupción para que se pueda valorar en otros procesos la información que surge de esta causa, con el impacto que ello tendrá para los intereses de la querella”. En tanto que explicaron “algunos de los expedientes en los que se solicitó esta información, están próximos a iniciar el juicio oral y público, y existen otros en los que, incluso, el debate se encuentra en curso”.
En tanto que, por otro lado, resaltaron que: "los hechos por los cuales declaran algunos imputados en los términos de la ley 27.304, exceden el marco de esta investigación y tienen impacto directo en otros procesos, ya sea de manera directa o por las referencias que de ellos surgen. A nuestro juicio así se afecta el debido proceso".
