La Justicia sigue de cerca los pasos de quienes habrían realizado operaciones inmobiliarias con el fin de evadir una medida cautelar dictada por el juez Norberto Oyarbide. Se trata de Maximino Darío Fernández y José Cachafeiro. Ellos fueron los encargados de vender cuatro departamentos pertenecientes a la constructora Meldorek. Dos de los inmuebles, transferidos cuando la inhibición judicial estaba vigente.
El desprendimiento de los bienes comenzó el 13 de mayo pasado, cuando a través de la escribana Marta Beatriz Márchese, Alejandro Gotkin, presidente de Meldorek, le otorgó un poder especial a Cachafeiro y Fernández para que realicen la venta de los departamentos ubicados en en Nahuel Huapí 5035 y en Alvarez Thomas 3462, según reveló Clarín.
Según consigna el matutino, Cachafeiro, un empleado administrativo del PAMI, finalmente terminó comprando los dos departamentos a estrenar del edificio de Nahuel Huapí 5035. Pero las operaciones se hicieron el 9 de junio, tres días después de decretada la inhibición de los imputados y de las empresas vinculadas. Por su parte, Fernández, vendió sus unidades pocos días después de haber recibido el poder en U$S 55.000 y U$S 70.000.
"Las operaciones tuvieron por finalidad sustraer los inmuebles del acervo patrimonial de Meldorek, intentando así evadir la medida cautelar que se había dispuesto", subrayó el fiscal Raúl Pleé en el expediente de la causa al inferir que ambas personas habrían funcionado como "lavadores del patrimonio".
Tal como figura en la causa, Fernández tiene dos condenas y una causa abierta por diferentes estafas vinculadas a su trabajo como corredor inmobiliario. En 2004, fue condenado por el delito de estafa. Tras cierta gestión pudo convertir la pena de 6 meses de prisión por 370 horas de trabajos no remunerativos. El destino no fue casual: trabajó en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, debido a que, tal como reseña Clarín, ya conocía a Sergio Schoklender.