POLITICA
cado en desgracia

Investigarán a Héctor Capaccioli por irregularidades en el manejo de la caja chica durante su gestión

El nuevo superintendente de Servicios de Salud le abrirá un sumario al recaudador de la campaña de Cristina Kirchner por gastos poco claros en el organismo que conducía.

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| Cedoc

Tras la renuncia de Héctor Capaccioli a la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, comienzan a aparecer, como era de esperarse, las acusaciones en su contra.

La Ministra de Salud, Graciela Ocaña, ordenó al reemplazante Juan Antonio Rinaldi que le abra un sumario al su antecesor, para investigar si cometió irregularidades en los gastos de caja chica.

En los últimos meses, Capaccioli habría presentado al menos seis facturas del restaurante Tierra de Parrilleros, de Puerto Madero, del cual era dueño de un 5%. Esto, que un funcionario pague con fondos públicos a un local del cual es propietario, sería incompatible con la ley de Ética Pública.

El ex funcionario también presentó facturas de florerías como una de $200 en "Las Dalias" de Palermo, o de "La Burdalesa" por $330 pesos y muchas entregas quesos y fiambres de "La Tablita" por más de 200 pesos, según afirmaron fuentes oficiales al diario Clarín.

Se trata de una caja chica que promedia los $5.000 mensuales. Fuentes cercanas al ex funcionario negaron al matutino que se "haya cometido alguna irregularidad".

Capaccioli, principal recaudador de las campañas kirchneristas, "presentó todos las facturas y si falta una goma de borrar o un lápiz lo va a devolver", dijo la misma fuente, quien además sostuvo: "Un funcionario tiene derecho a hacer gastos de caja chica para el funcionamiento de su oficina".

El renunciante espera a que asuma Rinaldi, de 45 años, para ser llamado a hacer su descargo "para dar las explicaciones necesarias".

Capaccioli siempre estuvo enfrentado con Ocaña . Por eso, la Ministra de Salud quiere solucionar el tema de la caja chica para dedicarse a "limpiar" el sistema de salud de empresarios del ramo; sospecha que venden medicamentos con sobreprecios al Estado y a las obras sociales, entre otras irregularidades.