La trayectoria de Jorge Horacio Zorreguieta, que va desde los despachos de la Sociedad Rural Argentina hasta el centro de un debate institucional en los Países Bajos, permite analizar el rol de la denominada “pata civil” durante las dictaduras latinoamericanas y las tensiones éticas que ese pasado proyecta sobre las democracias contemporáneas. Su figura cobró especial visibilidad internacional a partir del matrimonio de su hija, la reina Máxima Zorreguieta, lo que reavivó discusiones sobre memoria, responsabilidad y legitimidad institucional.
Al nacer en Buenos Aires el 18 de enero de 1928, Zorreguieta quedó inserto en una élite económica vinculada al campo argentino. De ascendencia vasca e italiana, y con antecedentes familiares en la función pública —como su abuelo Amadeo Zorreguieta Hernández, exintendente de Mendoza—, su inserción en los círculos fue temprana.
De todas maneras, su proyección pública se consolidó en entidades gremiales del agro. Durante las décadas de 1960 y 1970 ocupó cargos clave en la Sociedad Rural Argentina y en Confederaciones Rurales Argentinas, espacios que funcionaban como representaciones sectoriales y como usinas de pensamiento económico.
Zorreguieta defendió una concepción del Estado con menor intervención en la economía y articuló una oposición activa a las políticas del tercer gobierno peronista, especialmente en lo referido a la regulación de la renta agraria.
La participación de Zorreguieta en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias resultó determinante en el clima previo al golpe de Estado de 1976. Esta organización promovió medidas de fuerza como lockouts patronales y denunció una crisis de gobernabilidad. Ante ese contexto, Zorreguieta mantuvo vínculos con figuras como José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego encabezaría el programa económico de la dictadura.
Acto seguido al golpe del 24 de marzo de 1976, liderado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, Zorreguieta fue incorporado al gobierno de facto como subsecretario de Agricultura y, posteriormente, en 1979, como secretario del área. Su gestión se extendió hasta 1981 y coincidió con la implementación de un modelo económico orientado a la apertura y las exportaciones agropecuarias.
De forma paralela, ejerció como interventor de la Junta Nacional de Granos, lo que le otorgó un control significativo sobre el comercio exterior agrícola en un período en que el campo se consolidó como principal generador de divisas. Bajo su órbita, se impulsaron políticas de “eficiencia” y “racionalización” que, según diversos análisis históricos, beneficiaron a los grandes productores en detrimento de los pequeños y medianos.
Pese a que su rol fue presentado como técnico, su desempeño se dio durante el terrorismo de Estado.
El caso del INTA
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creado en 1956 para fomentar el desarrollo técnico del campo, se convirtió bajo la órbita de Zorreguieta en un escenario de depuración ideológica y violencia física. A diferencia de otros organismos que fueron intervenidos directamente por militares de carrera, el INTA mantuvo una dirección civil que trabajó de forma coordinada con las fuerzas de seguridad y de inteligencia.
Simultáneamente, durante el periodo en que Zorreguieta ocupó la Secretaría de Agricultura, el INTA sufrió la pérdida de veinte trabajadores desaparecidos, además de la cesantía de aproximadamente 800 empleados.
El análisis de los proyectos desmantelados permite observar cómo la política económica de Zorreguieta y la represión militar se retroalimentaban: la destrucción del proyecto genético liderado por Sigfrido Kraft en la estación de Pergamino. Kraft había desarrollado, tras 17 años de investigación, una línea de gallinas de alta productividad y bajo costo que permitía a los productores evitar la dependencia de alimentos balanceados.
Solamente dos días después del golpe, la Armada intervino el predio y, ante el pedido de Kraft de que preservaran las aves, un pelotón militar mató a tiros a miles de gallinas del experimento.
Además de ello, otro caso relevante fue el de la Ley Agraria y los equipos técnicos que trabajaban en el mapeo de suelos. Durante la gestión de Zorreguieta, los referentes técnicos de estos equipos fueron desaparecidos.
También, la bióloga Marta Sierra, que trabajaba en el INTA, fue secuestrada de su domicilio el 30 de marzo de 1976 frente a su esposo y sus hijos pequeños. Al día siguiente, el interventor del instituto, el capitán de fragata Alberto Rafael Heredia, la dejó cesante bajo la aplicación de la ley antisubversiva. La celeridad administrativa para sancionar a una persona secuestrada evidencia el nivel de coordinación que Zorreguieta lideraba.
El romance real y la crisis de Estado en los Países Bajos
El pasado de Jorge Zorreguieta, que durante casi dos décadas pareció quedar confinado, estalló como un escándalo internacional en 1999. Sin dudas, el anuncio del compromiso entre el príncipe heredero Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta colocó a la familia real de los Países Bajos en una posición de vulnerabilidad.
Siendo así, la reina Beatriz, consciente de que el casamiento de un heredero al trono requiere la aprobación del Parlamento bajo la Constitución neerlandesa, ordenó una investigación exhaustiva sobre el pasado de Máxima y, fundamentalmente, de su padre. Allí, se determinó que, si bien no existían pruebas de que hubiera participado en actos de tortura, era "prácticamente imposible" que no supiera lo que ocurría en el país.
Al final, la publicación del informe generó un consenso en el Parlamento neerlandés: Jorge Zorreguieta no era bienvenido en el país. El 2 de febrero de 2002, el día de la boda, tuvo que seguir la ceremonia desde un hotel en Londres. Máxima, en un gesto de pragmatismo y dolor personal, aceptó las condiciones impuestas por el Parlamento para no poner en riesgo la posición de su marido.
MV
